Dos años después de Fukushima

Hoy se cumplen dos años del accidente atómico de Fukushima (el peor desde Chernóbil) y miles de personas aprovecharon la efeméride para salir a manifestarse en contra de las centrales nucleares en las calles de Tokio. Es un tema de permanente actualidad para la sociedad japonesa. El acalorado debate sobre una forma de energía que antes del tsunami no era cuestionada y que abastecía el 30% de las necesidades del país, se ha convertido en la herencia «ideológica» de la tragedia. Según varios sondeos, alrededor de un 70% de la población preferiría olvidarse para siempre de la fisión del átomo.

Pero tampoco parece ser un asunto prioritario, al menos no tanto como la economía o la política exterior. Sólo así se explica el respaldo que recibió en las urnas el nuevo primer ministro, Shinzo Abe, quien arrasó en las elecciones de diciembre del año pasado con el Partido Liberal Democrático sin esconder que volvería a poner en marcha los reactores. El plan del nuevo Gobierno pasa por establecer un nuevo código de seguridad más estricto que el existente en el momento del accidente, regulado además por un organismo independiente y en el que se invertirán unos 11.000 millones de dólares. Actualmente, sólo funcionan dos de los 50 reactores de las que dispone Japón, pero se espera que los demás se vayan poniendo en funcionamiento en los próximos meses, excepto aquellos de tecnología obsoleta o situados en zonas sísmicas o de tsuami. El nuevo Gobierno alega que el país no tiene alternativa si quiere que sus industrias sigan siendo competitivas en el panorama global, ya que Japón no dispone de recursos energéticos suficientes para superar la dependencia atómica. De hecho, el cierre de las centrales ha provocado un aumento importante de los precios eléctricos, un relativo desabastecimiento y un pico en la importación de combustibles fósiles.

En la opinión pública japonesa conviven dos visiones opuestas sobre la energía nuclear. A pesar del drama humano de los desplazados y de quienes perdieron sus casas en las inmediaciones de la central, la versión oficial (defendida por expertos no sólo japoneses, sino también extranjeros) es que la crisis está totalmente bajo control y que los niveles de radiación a los que se expuso a la población no supusieron un riesgo alto para su salud. Según un informe publicado la semana pasada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se ha producido un discreto aumento de la probabilidad de contraer cáncer entre las personas que se encontraban en los aledaños de la central en el momento del accidente y, sobre todo, entre los trabajadores encargados de la estabilización en la fase más crítica de la crisis.

Pero, al mismo tiempo, aseguró el organismo de la ONU, la radiación que se extendió por el resto del país y llegó a Tokio no parece haber provocado problemas para la salud. Se descarta, por ejemplo, que hayan aumentado los casos de aborto involuntarios, las malformaciones físicas o las deficiencias mentales en niños recién nacidos. Aunque la OMS advirtió de que es aún pronto para sacar conclusiones definitivas, mandó un mensaje tranquilizador y vino a decir que todos aquellos que se situaron fuera del perímetro de seguridad están fuera de peligro. Además, los niveles de radiactividad en los 80 kilómetros que rodean la planta de la central japonesa de Fukushima Daiichi parecen haber disminuido un 40% en el último año. Frente a la versión oficial, grupos y organizaciones surgidas en los últimos meses, como Salvad a los Niños de Fukushima o la Confederación Antinuclear, aseguran que el Gobierno oculta información y que no se están tomando las medidas necesarias para combatir los efectos que provocó la radiación, especialmente en el agua y en los alimentos que se consumen. Estos grupos exigen el «apagón atómico» inmediato e irrevocable y una inversión masiva en renovables.

Los sondeos indican que muchos ciudadanos se encuentran en un punto intermedio entre ambas versiones: en general, están preocupados por los efectos que el accidente haya podido tener sobre su salud o la de sus familiares, pero preferirían no oír de centrales nucleares nunca más.

Desahuciados

Dos años después del tsunami en el que murieron 20.000 japoneses, aún hay cientos de miles de víctimas que no han recuperado sus casas y que viven en refugios temporales, apartamentos de familiares o en estructuras provisionales. Entre ellos se encuentran 52.000 vecinos evacuados del perímetro de seguridad trazado alrededor de la central, quienes sólo son autorizados a entrar de vez en cuando a coger pertenencias o hacer tareas de mantenimiento. Se calcula que muchos de estos refugiados tardarán años en recuperar sus casas.