El acuerdo de paz con las FARC es definitivo

El Gobierno colombiano se niega a discutir los nuevos términos del texto con la oposición y le urge a aprobarlo «cuanto antes».

El Gobierno colombiano fue tajante ayer en su mensaje, y volvió a utilizar la carta del miedo: si no se llega a un acuerdo, pronto las FARC volverán a tomar las armas. Así intentaba colocar la espada de Damocles sobre la cabeza del ex presidente Álvaro Uribe. El nuevo acuerdo de paz firmado por el Ejecutivo de Colombia con la guerrilla tras los nuevos ajustes no será renegociado y se buscará su inmediata aplicación una vez se determine un mecanismo de refrendación, dijo el jefe del equipo negociador de Santos, Humberto de la Calle. «Éste es el acuerdo final, éste es el acuerdo definitivo. Realmente no hay espacio para una nueva negociación», explicó De la Calle. «Lo que sigue es una discusión sobre refrendación y el deseo de la mayoría de los colombianos de proceder a la implementación y poner fin al conflicto armado interno más largo de Latinoamérica», añadió.

El anuncio podría desatar un nuevo y grave enfrentamiento con la oposición, liderada por Uribe, quien pidió el pasado fin de semana que se dejara abierta la posibilidad de modificar el pacto firmado el sábado por el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El Ejecutivo y la guerrilla hicieron modificaciones al texto que firmaron en septiembre después de que los colombianos lo rechazaran en un plebiscito el 2 de octubre, un inesperado resultado que obligó a Santos a iniciar una desesperada búsqueda de consensos con la oposición, que sugirió varios cambios y ajustes.

El nuevo acuerdo, que no será incorporado a la Constitución, hace precisiones sobre los derechos de la propiedad privada, un tribunal especial de justicia y los sitios de confinamiento donde los rebeldes cumplirán sus penas privativas de la libertad de entre cinco y ocho años por los crímenes cometidos en el conflicto armado de más de 52 años. Además, incluye aclaraciones sobre la lucha contra el narcotráfico, obliga a la guerrilla a entregar todos sus bienes para indemnizar a las víctimas y establece que la implementación de los acuerdos se hará sin poner en riesgo la estabilidad fiscal. En su conjunto, recoge más del 80% de las precisiones que exigieron los partidarios del «no», según asegura el Ejecutivo, pero el país espera aún la respuesta de Uribe, protagonista principal de los acontecimientos que se desarrollen a partir de este momento.

No obstante Santos, ganador del Nobel de la Paz el mes pasado por sus esfuerzos por poner fin al conflicto armado que ha dejado más de 220.000 muertos y millones de desplazados, confía con el nuevo acuerdo unir a una nación dividida después de que el proceso de paz quedó en peligro por su rechazo en el plebiscito. Su ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que la aplicación del acuerdo «tiene que ser en el menor tiempo posible», y se hará a través del Congreso. Para ello el presidente buscará consenso con los diferentes partidos que incluya este modelo de tramitación.

Es aquí donde surge el principal escollo. Un gran pacto nacional requiere el beneplácito del senador Uribe, el más votado en el Parlamento. Sin embargo, los partidarios del «no» ya han mostrado su malestar ante la posibilidad de que los altos mandos de las FARC puedan ocupar cargos políticos, uno de los dos grandes puntos que no se han modificado. En un texto al que tuvo acceso LA RAZÓN, el portavoz del «no», Rafael Nieto Loaiza, dijo: «Lo primero es manifestar nuestra sorpresa por el hecho de que el Gobierno nacional haya presentado el texto de un acuerdo final con las FARC cuando se había comprometido con nosotros previamente a que nos lo entregarían para el estudio y la revisión antes de presentarlo como un acuerdo definitivo». «Lo segundo es que consideramos que ese acuerdo que se ha presentado no es definitivo, lo vamos a estudiar, revisar, a analizar con juicio y después de ese análisis cuidadoso le presentaremos nuestras conclusiones a la opinión pública», agregó Nieto, que especificó que mientras tanto se sienten comprometidos en hacer respetar el resultado del referéndum.