El chavismo anula las leyes de la Asamblea

El Supremo acusa al Parlamento, dominado por la oposición, de estar fuera de la Ley.

El caos institucional se escenifica una vez más en el mundo al revés que representa Venezuela, donde la lucha de poderes no parece tener fin. En medio de un incierto presente después de las masivas manifestaciones opositoras contra el régimen de Nicolás Maduro, el chavismo dio un nuevo golpe contra la oposición. El Tribunal Supremo de Justicia –controlado por el oficialismo– anunció que declarará «nulos» todos los actos de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, mientras incumpla una sentencia que suspendió a tres diputados opositores del estado de Amazonas.

Al invalidar una ley sobre explotación de oro sancionada el 9 de agosto, el Supremo advirtió que todas las actuaciones de la Asamblea correrán la misma suerte si la mayoría opositora insiste en desconocer la decisión que apartó a tres de sus diputados. La mayoría opositora del Congreso incorporó y juramentó el 28 de julio a los diputados de Amazonas Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, quienes fueron suspendidos por la Sala Electoral a finales de 2015 por supuestas irregularidades en su elección. Después de meses de esperar una resolución de sus casos, los diputados decidieron reincorporarse a la Asamblea y tomaron juramento de sus asientos.

Desde finales del año pasado, momento en que la Asamblea Nacional ganó las elecciones y se hizo cargo del organismo, el Tribunal Supremo emitió alrededor de veinte sentencias contra la mayoría opositora. El pasado junio, en un nuevo intento de restringir sus facultades, la Justicia chavista le prohibió al Parlamento llevar adelante las relaciones exteriores de Venezuela neutralizando acuerdos alcanzados acerca del G-7, OEA, Unasur, Mercosur y Vaticano, sobre la crisis venezolana. Más de dos meses han transcurrido desde la instalación del actual periodo de sesiones ordinarias en la Asamblea Nacional y hasta la fecha no hay una definición clara sobre el futuro del proyecto de ley de reformas electorales.

Además, el presidente Nicolás Maduro decidió cortar el grifo al Parlamento, que funciona con sueldos mínimos y con retrasos en los pagos. «Estoy haciendo una consulta oficial al Tribunal Supremo de Justicia. Estando la Asamblea Nacional fuera de la ley, yo como jefe de la Hacienda Pública Nacional no puedo depositar recursos a una Asamblea inexistente, a una institución que llama al desacato de la ley. Nosotros tenemos que dar el ejemplo», dijo el mandatario bolivariano hace un mes.

Por su parte, el arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa Savino, afirmó que la idea de abolir la Asamblea Nacional sería un «golpe de Estado» al pueblo venezolano. «Eso es una cosa desesperada y me parece que no tiene ni pies ni cabeza y sería un golpe de Estado contra la voluntad popular manifestada el 6 de diciembre, cuando una gran mayoría del pueblo venezolano votó por la dirección que tiene actualmente la Asamblea Nacional», dijo.

Entre tanto, la oposición ha convocado hoy a sus seguidores en Caracas para realizar una protesta de 10 minutos con el fin de exigir al Poder Electoral las condiciones para recoger las firmas del 20% de los electores para el referendo revocatorio. Esta manifestación se celebrará después de que ayer, Lilian Tintori, esposa del encarcelado líder opositor Leopoldo López, denunciara ante la Corte Penal Internacional (CPI) al mandatario venezolano por supuestos crímenes de lesa humanidad, hostigamiento y persecución contra los partidos políticos del antichavismo.