El cliente tiene la culpa

Si la prostitución es el oficio más antiguo del mundo, el debate social que suscita es igualmente antiquísimo. Por eso Francia, partidaria de las tesis abolicionistas pero no de la prohibición por vía legal, se dispone a legislar inspirándose en el modelo sueco que, contrariamente a la norma gala vigente, considera a la prostituta víctima y no delincuente. Éste, instaurado en 1999, ha reducido a la mitad esta actividad. Sin embargo, el ambiente ayer parecía mucho más caldeado en los alrededores de la Asamblea Nacional, donde se concentraron colectivos a favor y en contra del nuevo texto contra la prostitución que en el hemiciclo, donde apenas una treintena de diputados asistieron al inicio del examen de esta controvertida propuesta de ley.

Se trata no sólo de trasladar el peso de la culpa sobre el cliente, sino de responsabilizarle de la calamitosa situación en la que trabajan muchas prostitutas. Pero la idea de penalizar al consumidor de sexo pagado no convence al 68% de los franceses, según un sondeo reciente.

La iniciativa parlamentaria, que no gubernamental, y apoyada mayoritariamente por el grupo socialista, el Frente de izquierdas e incluso algún conservador de la UMP, prevé sancionar al cliente sorprendido en flagrante delito con una multa de 1.500 euros y con el doble en caso de reincidencia. Acompaña a ese castigo un curso de «sensibilización» respecto a las condiciones del ejercicio de la prostitución. Con su aprobación quedaría derogado, tal como prometió Hollande en campaña electoral, el actual delito de «captación pasiva» instaurado por la derecha en 2003 y por el que la profesional del sexo se exponía a una multa de 3.750 euros y dos meses de cárcel. También contempla un programa de ayuda a las mujeres que quieran salir de la prostitución, que incluye permiso de residencia de seis meses para las extranjeras, entre el 80 y 90% del total.

El objetivo es disuadir al cliente de financiar las redes de prostitución y luchar contra un sistema de mafias. «Francia no es un país de acogida de la prostitución», alegó ayer ante los pocos diputados presentes Najat Vallaud-Belkacem, ministra para los Derechos de las Mujeres, convencida de que la dureza del texto contribuirá a reducir el proxenetismo. Al contrario, los oponentes a la ley, cuya votación está prevista para el 4 de diciembre, creen que penalizando al cliente se empuja a las prostitutas –entre 20.000 y 40.000 en el país, según los estudios– a una mayor clandestinidad y precariedad.