Irán

El puño de hierro del rey Salman: récord de ejecuciones en 2015

La mayoría de las 157 condenas son por drogas y su pena no la recoge la «sharía»

La Razón
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Irán, China y Arabia Saudí encabezan la lista de los países en los que se llevan a cabo más ejecuciones arbitrarias. En el caso de Riad, según varias organizaciones humanitarias, 2015 arroja el peor dato de las dos últimas décadas: 157 condenas a muerte, la mayoría a través de decapitaciones con sable. El año anterior, 90 personas fueron asesinados por el régimen de los Saud, mientras que fue en 1995 cuando se produjo la cifra más elevada hasta ahora vista: 192 ejecuciones. El hecho de que el año pasado haya sido el segundo más sangriento de la historia del reino árabe resulta especialmente significativo pues fue en enero de 2015 cuando se produjo el relevo en el trono tras la muerte del rey Abdalá quien ostentó el poder durante diez años. Ahora, su sucesor, el rey Salman podría estar utilizando el puño de hierro para imponer su autoridad. Todas las ejecuciones se producen en público para que tengan un mayor impacto sobre los ciudadanos.

Entre los delitos de los que se acusa a los condenados a muerte destaca el tráfico de drogas, el cual no está penado con la muerte según la sharía (ley islámica) que rige en el país. Según los expertos, estos actos son denominados «ta’zir» y el islam no indica la manera de penalizarlos, por lo que queda en manos de las autoridades judiciales el establecer el tipo de castigo. Según Amnistía Internacional, sólo en noviembre del año pasado 63 personas fueron ejecutadas por hurtar, lo que representaría el 40% de las ejecuciones, mientras que en 2014 este tipo sólo un 4% de estos delitos fueron castigados con la muerte. Esta misma organización destaca la arbitrariedad de los tribunales a la hora de condenar a dos personas por un mismo delito. Tal es el caso de Lafi al Shammari que fue ejecutado tras ser acusado de tráfico de drogas, mientras que otro hombre que fue arrestado junto a él recibió la pena de diez años de cárcel. Según Human Rights Watch, de los 100 primeros presos de 2015, 65 fueron juzgados de manera discrecional sin ser acusados de ningún delito concreto recogido en la ley islámica. A la hora de dictaminar el castigo del acusado tiene especial relevante si dicha persona pertenece a la secta chií o a la suní. Con estos últimos siempre tienen manga ancha.

Ante estos ataques constantes a los Derechos Humanos, diversas organizaciones han puesto en el punto de mira a la comunidad internacional que permanece inmune debido a que Arabia Saudí es un país clave en las relaciones con Occidente. Sus recursos petrolíferos y su posición estratégica hace del reino de los Saud un aliado contra el que pocos se atreven a levantar la voz. De hecho, saltaron las alarmas cuando la ONU eligió al saudí Faisal bin Hassan Trad como presidente de la comisión de expertos independientes en el Consejo de Derechos Humanos.