Maduro ejecuta su «golpe judicial»

El Supremo venezolano, controlado por el chavismo, declara en desacato al Parlamento, de mayoría opositora. En su fallo, el Tribunal invalida las decisiones tomadas por la Asamblea tras tomar juramento a tres diputados impugnados.

La Asamblea Nacional venezolana deja de tener validez. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) remata el llamado «golpe judicial» y declara en desacato al Poder Legislativo, por lo que considera nulos todos sus actos. El máximo órgano judicial –controlado por el Gobierno– aceptó la denuncia de la bancada oficialista, que exigía inhabilitar a la nueva AN por la juramentación de los tres diputados opositores del Estado de Amazonas, impugnados por presunta compra de votos por ese mismo tribunal en diciembre.

La sentencia prevalecerá mientras esos tres diputados mantengan su puesto en el Hemiciclo. De ese modo, el TSJ agudiza el conflicto de poderes entre el Judicial y el Legislativo, además de abocar al país a la ingobernabilidad. El fallo se pronuncia el mismo día que la oposición puso en marcha una comisión parlamentaria para investigar la designación de los 13 magistrados –afines al chavismo– del TSJ nombrados por los oficialistas el mes pasado.

Una de las primeras iniciativas de la oposición que se verán truncadas será la Ley de Amnistía y Reconciliación para liberar a los 77 presos políticos y proteger a unos 5.000 perseguidos y exiliados, según indican los impulsores de la propuesta. La comisión parlamentaria recopilará más casos de represión en las próximas dos semanas, plazo en que se presentará el proyecto definitivo, anunció el opositor Freddy Guevara.

El joven Anderson Briceño fue encarcelado durante las protestas de 2014 para exigir «la salida» del presidente Nicolás Maduro. «Estábamos acampados y aparecieron decenas de efectivos de la Armada. Nos subieron a patadas a varias camionetas», cuenta Anderson a este diario. «En prisión nos sometieron al maltrato físico y a la humillación. Nos escupían y nos pegaban mientras nos preguntaban quién nos financiaba», relata Anderson sobre los seis meses que pasó en la prisión del Helicoide. Por esas manifestaciones se hallan 31 personas privadas de libertad y más de 2.000 en libertad condicionada, según la ONG Venezuela Awareness.

Además de la persecución a los disidentes políticos, el chavismo también ha castigado a los «traidores» a la revolución. Éstos son decenas de militares, la mayoría acusados de conspiración por el golpe de Estado de abril de 2002. Destaca el caso del ex ministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, quien pasó seis años entre rejas.

«Ese tiempo fue una pesadilla, interminable. Ahora vivimos este momento con mucho entusiasmo y esperanza», nos cuenta Rayrin Baduel, la hija del militar condenado. No hay datos oficiales sobre la cifra de militares presos, pero esa cantidad podría elevarse a decenas. Maduro ordenó el arresto de dos docenas de uniformados en apenas 18 meses de su mandato. Rayrin conoce diez de esos casos, entre ellos el de su hermano, también militar y todavía en prisión. Para ellos, la oposición dejó claro ayer que ellos también están contemplados en esa amnistía.

El borrador, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, también especifica que la Ley de Amnistía amparará a «los del paro petrolero de 2002 y 2003, los delitos de traición o subversión a la patria, los delitos de opinión, los actos de intencionalidad política después de las elecciones presidenciales de 2013 (Nicolás Maduro vs. Henrique Capriles), los actos vinculados a reivindicaciones laborales, los que hayan expresado opiniones a través de cualquier medio».

Para el director de Foro Penal, Alfredo Romero, «en Venezuela durante el chavismo se ha llevado a cabo un proceso de persecución sistemática» y distingue dos sectores de víctimas: «las personas a las que se les ejecutó un proceso ejemplarizante, como a los tuiteros o jueces, para atemorizar, y los utilizados para propaganda política: aquellos falsos responsables que el que el Gobierno establece para justificar una propaganda política».