Escocia, la independencia más cara

Alex Salmond no ha podido esconder los fantasmas por más tiempo. Los retos económicos de una Escocia independiente, al fin, se han puesto encima del tablero. Y las advertencias no dejan un paisaje especialmente atractivo. Para que el nivel de deuda pueda ser sostenible, a principios de 2020 se tendrían que recaudar 6.000 millones de libras (7.154 millones de euros), es decir, el doble de lo que hasta ahora siempre había prometido el líder nacionalista. Los datos los ofreció ayer el Instituto de Estudios Fiscales (IFS), un reputado «think tank», que, lejos de la imagen idílica que viene vendiendo el responsable del Ejecutivo autonómico, presentó a un país que tendría que afrontar, por un lado, la caída de los ingresos derivados del petróleo y del gas del Mar del Norte, por otro, los problemas y la presión en muchas áreas del gasto público de una población cada vez más envejecida. Las perspectivas bajas de migración significan que el porcentaje de mayores de 65 años aumentaría del 16,1% actual al 27,7% en 2062, en comparación con el aumento del 15,9% al 25,4% para Reino Unido en su conjunto. En otras palabras, la independencia incrementaría los impuestos un 16% y reduciría un 12% el gasto público.

Lo más preocupante para Alex Salmond es que las cifras no incluyen el impacto de sus promesas para reducir el impuesto de sociedades, reformar el sistema de prestaciones o introducir una pensión estatal más generosa, un cuento que, ahora más que nunca, se ha visto infundado. El informe del organismo económico, que también descubre que una Escocia independiente se enfrentaría a una brecha fiscal del 1,9% de los ingresos nacionales frente al 0,8% de Reino Unido, se publica a tan sólo una semana de que el ministro principal escocés presente el llamado Libro Blanco, un documento con el que se supone que el Ejecutivo explicará a los ciudadanos las cuestiones clavesque hasta ahora no han encontrado respuesta en caso de que la región, finalmente, corte su cordón umbilical con Londres. Será el 18 de septiembre de 2014, cuando se preguntará a los escoceses: «¿Debería Escocia ser un país independiente?». El problema es que, a menos de un año del histórico referéndum, el líder nacionalista aún no se ha preocupado de descifrar asuntos tan importantes como la pertenencia a la Unión Europea, la defensa o la moneda (libra o euro).

Según el informe del IFS, aunque la independencia de Escocia podría proporcionar una oportunidad para crear «un sistema impositivo óptimo», la región afrontaría opciones más duras que aquellas que afronta Reino Unido en su conjunto.

John Swinney, el ministro de Finanzas escocés, quiso restar importancia al documento aferrándose a promesas de impuestos empresariales más bajos para las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, los responsables de la campaña a favor de la permanencia en Reino Unido tienen cada vez más claro que la independencia condenaría a la región a una era de austeridad sin fin.