Los terroristas franceses perderán la nacionalidad

Valls presenta el proyecto de ley que incluirá el estado de emergencia en la Constitución para «garantizar la eficacia» frente a la amenaza yihadista.

Tal y como anunció François Hollande el 16 de noviembre ante el Congreso reunido en Versalles, tres días después de los brutales atentados de París, se privará «de su nacionalidad francesa a un individuo condenado por un atentado contra los intereses fundamentales de la Nación o un acto de terrorismo, incluso si ha nacido francés, si disfruta de otra nacionalidad». Es la segunda medida contenida en el proyecto de reforma constitucional de protección de la ación presentado ayer en el consejo de ministros y que será discutido a partir del 3 de febrero en la Asamblea. Una noticia cogió a todo el mundo por sorpresa porque, a pesar de aquel anuncio solemne del presidente, desde hacía varios días toda la prensa informaba de que Hollande había renunciado. En cuanto al primer artículo, la inclusión en la Constitución del estado de emergencia, pondrá esta medida «al abrigo de toda deriva partisana», dijo el primer ministro, Manuel Valls, asegurando que el estado de emergencia «se inscribe plenamente en el Estado de derecho». «La situación actual nos obliga a no ceder nuestro estado de derecho manteniendo la eficacia como guía. El estado de emergencia ha permitido 2.940 registros y la incautación de 443 armas», dijo Valls, que alertó de que mil franceses se han unido a las filas del Estado Islámico, de los que unos 250 habrían regresado al país.

La privación de la nacionalidad es una vieja idea de la extrema derecha, que Los Republicanos reclamaban desde los atentados contra «Charlie Hebdo» y que una buena parte de la izquierda rechazaba a pesar de que como un solo hombre todos se hubieran puesto en pie para aplaudir el discurso de Hollande en Versalles. Es más, el martes, por la mañana, la ministra de Justicia, Christiane Taubira, de visita oficial en Argelia, había afirmado el día anterior en la Radio Algérienne que «el proyecto de revisión constitucional que se presentará mañana en el Consejo de Ministros no contiene esa disposición» de privación de nacionalidad. «Sinceramente», añadió la ministra, «pienso que plantea un problema de fondo sobre un principio fundamental en la historia de la construcción de comunidad francesa, realizada sobre una base cívica y no étnica. Ese derecho de suelo es un pilar fundamental».

Hasta Valls pensaba que no merecía la pena dividir el campo de la izquierda por una medida que era más simbólica que efectiva. Pero ayer le tocó justificar la nueva pirueta contenida en el segundo artículo del proyecto de reforma constitucional. Según Valls, estaba en juego la «legitimidad» de la palabra del presidente de la República, que se había comprometido de forma solemne. Y no hay que olvidar que el 94% de los franceses apoya esta medida. Eso sí, el primer ministro reconoció que «la eficacia (...) no es el primer objetivo» de esta medida, sino su «alto carácter simbólico».

La oposición no tardó en pedir la dimisión de Taubira, encargada de defender un proyecto en el que, como dejó claro la víspera, no cree. El secretario general de Los Republicanos, Eric Woerth, tomó acta de que se adopte una medida que ellos reclamaban desde enero, y reprochó a Hollande el «desautorizar y humillar públicamente» a su ministra de Justicia que «lógicamente» no podrá asumir esta reforma. La interesada, hábil oradora, tuvo difícil justificar su permanencia en el Ejecutivo: «Cada cual tiene derecho a sus dudas e interrogantes», dijo en la presentación del proyecto. «Por suerte estamos en democracia, y ése es el objetivo de los terroristas, impedir la reflexión y el debate».