Honduras deja a las cárceles sin teléfono móvil para reducir la violencia

Las autoridades hondureñas han ordenado cortar el servicio de telefonía móvil en las cárceles en un intento de reducir la violencia en el país porque los pandilleros usaban ese medio para sus actividades en el exterior y ajustar sus cuentas.

La ordenanza mediante la cual ha sido cortada la telefonía móvil a los reclusos de las 24 cárceles del país, se terminó de cumplir el jueves, un día antes de que venciera el plazo que el gobierno que preside Juan Orlando Hernández le dio a las dos compañías que controlan el servicio.

Las cárceles de Honduras son consideradas por las autoridades y organismos de derechos humanos "bombas de tiempo"y "universidades del crimen", desde las que operan temibles bandas o pandillas, algunas de ellas ligadas al narcotráfico y el crimen organizado.

Entre la población penitenciaria, principalmente en las cárceles de Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos ciudades más importantes del país, las más temibles son las pandillas "M-13", conocida como "Mara Salvatrucha", y la "M-18".

Ambas "maras", según la Policía Nacional, dirigen sus crímenes desde la prisión utilizando teléfonos móviles, aparatos que ya superan en número los 8,5 millones de habitantes que tiene Honduras.

"Mi hijo Alfredo se tuvo que ir del país hace cuatro años porque los pandilleros lo estaban extorsionando, comenzaron a pedirle 5.000 lempiras mensuales (250 dólares) y a los seis meses le estaban exigiendo 10.000 (500 dólares)", dijo a Efe la hondureña Margarita Ortega, de 68 años.

Su hijo, según relató Margarita, quien se ha ido a vivir al norte del país, tenía un pequeño negocio de lácteos en la capital hondureña que "terminó vendiendo porque no soportó las extorsiones".

"La misma Policía nos confirmó que el número de teléfono desde el que extorsionaban a mi hijo estaba en la Penitenciaría Nacional", que se localiza a unos 25 kilómetros al norte de Tegucigalpa, añadió.

Los extorsionadores llamaban al hijo de Margarita por teléfono móvil exigiéndole que los 5.000 lempiras que le pedían tenía que enviarlos a través de tarjetas de pregago, en nominación de 100 lempiras cada una, las que había que raspar para ver el código y dictarlo al delincuente que daba la orden, dijo la informante.

Alfredo tenía que raspar 50 tarjetas cada vez que le exigían 5.000 lempiras, lo que ocurrió durante cinco meses, indicó Ortega.

"Al sexto mes, cuando le exigieron 10.000 lempiras, mi hijo se resistió a pagar, pero eso casi le cuesta la vida porque un día los delincuentes le dejaron un mensaje escrito en el que le decían que lo iban a matar si en tres días no tenía el dinero", añadió.

Casos como el de Alfredo se multiplican por miles en Honduras con pequeños comerciantes, taxistas, conductores de autobuses del transporte urbano y otros sectores que a diario son extorsionados.

El pasado jueves el transporte urbano de Tegucigalpa paralizó la mayoría de sus unidades exigiéndole al Gobierno acciones contra los extorsionadores, que les amenazan de muerte si no pagan.

Muchos teléfonos móviles de los delincuentes han sido localizados en varias cárceles del país, incluida la Granja Penal de Comayagua, centro, donde entre la noche del 14 y la madrugada del 15 de febrero de 2012 murieron quemados en un incendio 360 reos y la mujer de uno de ellos que se había quedado a dormir en la prisión.

El incendio de la cárcel fue "accidental", según una investigación hecha por expertos de Estados Unidos.

El sistema penitenciario del país alberga cerca de 13.000 reos en 24 cárceles que globalmente tienen capacidad para unos 8.000 según las autoridades, a lo que hay que sumar sus obsoletos edificios.

El miércoles, el presidente dijo que el dinero que ganan las compañías telefónicas producto de las llamadas que se hacen desde las cárceles, "va manchado de sangre sobre las conciencias de los ejecutivos y los dueños de estas empresas".

Además, expresó que le "preocupa mucho"que ambas empresas "estén actuando ya como monopolio, juntas las dos"y que "va el mensaje para ellos".