Venezuela
La Fiscalía chavista pide 16 años de prisión para Ledezma, ex alcalde opositor de Caracas
La Asamblea Nacional empieza a debatir hoy la ley de amministía
Poco importó la petición de la Asociación de Alcaldes de Venezuela, de la Mesa de la Unidad Democrática o la de la comunidad internacional.
Poco importó la petición de la Asociación de Alcaldes de Venezuela, de la Mesa de la Unidad Democrática o la de la comunidad internacional. Ayer, el Ministerio Público solicitó 16 años de prisión para el ex alcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma. En diez oportunidades previas fue diferida la audiencia, que finalmente se realizó ayer bajo diversas irregularidades. El ex alcalde fue trasladado primero a la sede de la policía política y posteriormente al Palacio de Justicia, donde se desarrolló la audiencia. La Fiscalía ratificó los cargos de asociación para delinquir y conspiración para solicitar los años de prisión y que se mantenga la medida cautelar. En la audiencia no pudieron estar los familiares de Ledezma y durante la defensa sólo pudo presentar a dos testigos que avalan sus testimonios. Al cierre de esta edición, no se había producido el desenlace de la sesión preliminar del juicio.
Hasta el momento, Nicolás Maduro ha ignorado la petición de amnistía para todos los presos políticos, pero será hoy cuando, finalmente, la Asamblea Nacional deabata el proyecto de ley. De acuerdo al texto, todos los presos de conciencia y aquellos por razones políticas deberán ser liberados una vez entre en vigor. La propuesta es apoyada por la mayoría opositora, pero rechazada por el oficialismo, que la considera «la ley de la impunidad».
La Asociación de Alcaldes de Venezuela lamentó los vicios del proceso judicial. «Condenamos enérgicamente que el Poder Judicial se haya convertido en un apéndice del Gobierno para la persecución de la dirigencia política y, más aún, para impedir que funcionarios electos ejerzan plenamente los mandatos que la población mediante el voto les otorga», reza el documento.
Ledezma fue privado de libertad el 19 de febrero de 2015, cuando funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) entraron sin orden de allanamiento a su despacho. Inicialmente estuvo detenido en la cárcel militar de Ramo Verde, la misma donde está preso Leopoldo López, y posteriormente se le concedió el arresto domiciliario por su delicado estado de salud.
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