La incertidumbre económica sacude al kirchnerismo

Con el fantasma del «corralito» todavía latente en la memoria de los argentinos, el país suramericano vuelve a asomarse al precipicio. Los fondos buitre sobrevuelan la Casa Rosada en busca de 1.500 millones de dólares (1.116 millones de euros), aunque, si la situación llega a torcerse, podrían llevarse un botín inesperado: el cadáver político de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Daños colaterales que pondrían fin a la «década K», y, lo que es más importante, acabarían con el legado «cristinista» de cara a las próximas elecciones presidenciales de octubre de 2015.

Mientras, continúan las reuniones en Nueva York. Negociaciones convertidas en una especie de partida de póker llena de órdagos por las dos partes. Pero el tiempo se agota y las cartas ya están sobre la mesa con un claro perdedor: Argentina. Como último intento de evitar la debacle, la delegación argentina se reunirá hoy con Daniel Pollack, designado por el juez de Nueva York Thomas Griesa, en las conversaciones con los fondos litigantes.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, negó ayer que un posible «default» (suspensión de pagos), que se concretaría mañana pueda impactar en la economía, y afirmó que «la disponibilidad de divisas (de más de 29.000 millones de dólares) está «asegurada» por el «superávit de la balanza comercial» y por los proyectos de inversión que se firmaron con China recientemente. El Gobierno argentino ha pedido reiteradamente al juez Griesa que suspenda un fallo que obliga al país a pagar los 1.500 millones de dólares a los bonistas litigantes, los cuales rechazaron ingresar en los canjes de deuda efectuados por Argentina en 2005 y 2010, que implicaban grandes quitas sobre el valor nominal de los títulos y que fueron aceptados por el 92,4% de los acreedores.

El Gobierno asegura que le es imposible cumplir con el pago debido a la cláusula RUFO, que prohíbe pagar en mejores condiciones a los «holdouts» (acreedores), como los fondos buitre, que a quienes aceptaron la reestructuración de la deuda.

Si se aplica la cláusula, que vence el 31 de diciembre, el país se enfrentaría a demandas por 120.000 millones de dólares (unos 90.000 millones de euros) –de la deuda reestructurada–, tres veces más que las reservas del Banco Central. La estrategia, por tanto, pasaría por entrar en suspensión de pagos, convirtiendo a Argentina en un barco a la deriva durante cinco meses, hasta que caduque la cláusula. Después, volverían a negociar con los distintos tenedores de deuda, aunque es posible que para fin de año los daños sean irreparables.

¿Aguantará el país la tormenta del «default»? Argentina «parece haber llegado a la conclusión de que entrar en cese de pagos hoy y renegociar más adelante sería la opción menos costosa», dijo Carlos Caicedo, de la consultora IHS Country Risk, quien, sin embargo, advirtió de que la suspensión de pagos retrasaría el acceso del país austral a los mercados financieros –a los que se acercó últimamente después de saldar deudas con organismos de crédito internacional– y provocaría una devaluación y un consiguiente incremento de la inflación.

Sería la segunda vez en los últimos trece años que Argentina declara una suspensión de pagos, después de diciembre de 2001, cuando la economía colapsó. Los economistas han señalado que en esta ocasión los efectos serían menos graves, ya que el país, aunque entró en recesión, no sufre la grave caída de la economía de entonces.

Los expertos indicaron que el sistema financiero no tiene hoy la exposición crediticia al sector público que tenía durante el año 2001 y que el Gobierno argentino se ha acostumbrado a financiarse con reservas y emisión del Banco Central. Además, Argentina quedaría muy vulnerable, acosada por más de 900 procesos de embargo. La «Fragata Libertad», el avión presidencial, los activos de YPF, entre otros, se encuentran en el punto de mira. Otra cosa son los costes políticos.

El fantasma de 2001

En la retina de los argentinos todavía sigue brillando la imagen del entonces presidente, Fernando de la Rúa, huyendo en helicóptero desde la terraza de la Casa Rosada. Eran días de furia tras el «corralito», cuando en el año 2001 Argentina se declaró en bancarrota, incapaz de hacer frente a una deuda externa valorada en unos 144.000 millones de dólares (107.000 millones de euros).

Saqueos, manifestaciones y varios muertos desencadenaron la caída del Gobierno radical. Parece inviable que la misma situación se repita en la actualidad, pero en la recta final del Gobierno de Cristina Kirchner, otra crisis económica de grandes magnitudes allanaría el terreno para los opositores. A poco más de un año para las elecciones, la viuda peronista todavía no ha señalado a un «delfín». Su hijo Máximo parece incapaz de capitalizar los réditos políticos de su padre, Néstor Kirchner, fallecido en octubre de 2010. El considerado como el «niño bonito» de la presidenta, el ministro de Economía, Axel Kicillof, se encuentra en fuera de juego tras no haber podido evitar, precisamente, el «default». Por su parte el vicepresidente, Amado Boudou, inmerso en varios escándalos de corrupción, nunca llegó a sonar como presidenciable.

Quien aparece el primero en la terna peronista, el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, es el principal perjudicado. Obviamente, los avatares del Gobierno le salpican, perdiendo terreno en las encuestas frente al opositor del Frente Renovador, Sergio Massa. Si la inflación, que ya ronda el 30%, sigue en aumento, la clase media volverá a salir a las calles, cacerola en mano. Los sueldos en pesos ya no rinden como antes y la gente está cansada de ver cómo sus ahorros se deprecian poco a poco. Y es que la presidenta siempre sacó músculo, presumiendo de que durante la «gestión K» Argentina salió de la crisis. En conclusión, a Cristina Kirchner sólo le quedan pocas alternativas y todas malas. Probablemente ni ella ni su marido llegaron a imaginar que tras casi quince años de Gobierno volverían a dejar al país donde lo encontraron, en el abismo.