La Justicia europea avala las cuotas de los refugiados

La suerte está echada. Ayer el Tribunal de Justicia de la UE avaló el sistema temporal de reparto de demandantes de asilo acordado en el año 2015 en contra del recurso interpuesto por Hungría, Polonia y Eslovaquia. La Comisión Europea ya había abierto un procedimiento de infracción contra Polonia, Hungría y la República Checa en el mes de junio pasado (Eslovaquia a regañadientes ha aceptado un pequeño número de refugiados y se ha librado, por el momento) y, ante la falta de respuesta por parte de los incumplidores, a finales del pasados mes de julio volvió a lanzar un nuevo ultimátum en forma de dictamen motivado.

Ayer, el comisario de Interior, Dimitris Avramoupulus, volvió a redoblar las presiones tras conocerse el veredicto del Alto Tribunal. «Si los Estados miembros que no han acogido a nadie o llevan mucho tiempo sin hacerlo no rectifican en las próximas semanas, daremos el último paso en el procedimiento de infracción». Esto conllevaría una nueva denuncia ante el Tribunal con sede en Luxemburgo, esta vez por parte de la Comisión Europea, y previsibles multas al final de un largo procedimiento.

El caso está ganado para las instituciones europeas, ya que el Alto Tribunal no pondrá en cuestión su propio veredicto, pero ayer Bruselas intentaba no celebrar este fallo como una victoria, ante la máxima sensibilidad política de lo que hay en juego. Fruto de la brecha Este-Oeste que atenaza el proyecto de integración comunitario, los movimientos ante el Alto Tribunal de defensores y detractores del plan pergeñado por Angela Merkel con el apoyo decidido de Bruselas. Inicialmente, el recurso fue presentado por Hungría y Eslovaquia y, después, se sumó Polonia. En el lado contrario, Alemania, Francia, Italia, Grecia, Bélgica, Luxemburgo y Suecia se personaron en el proceso para defender el reparto de 160.000 demandantes de asilo que habían arribado a las costas italianas y griegas en los peores momentos de la crisis de refugiados, hace dos años.

Pero ni los ultimatums ni las amenazas, ni incluso los llamamientos al diálogo parecen cambian un ápice la postura de los que, incansablemente desde hace dos años, han boicoteado de todas las maneras posibles este esquema de cuotas. «Esto no cambia en nada la posición del Gobierno polaco respecto a la política migratoria», aseguró ayer la primera ministra, Beata Szydlo, cuyo Ejecutivo está inmerso en un «tour de forze» con Bruselas por su deriva autoritaria de desenlace imprevisible. «Nuestra posición sobre las cuotas no varía», aseguró el primer ministro eslovaco, Robert Fico, que siguió apostando por expresar la solidaridad «de modos distintos a que se nos obligue a acoger a migrantes que no quieren venir aquí». El ministro de Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, incluso fue más allá al calificar la sentencia como «terrible e irresponsable» y una «violación de las leyes y los valores europeos». Ante la falta de éxito de los cauces utilizados hasta ahora, Bruselas también estudia la posibilidad de congelar fondos europeos a los países que no respeten las cuotas. Pero esta amenaza tampoco parece amedrentarles. «No debemos dejarnos amenazar. Si las cosas se ponen feas, es siempre mejor renunciar a las dotaciones europeas que dejar entrar a inmigrantes», aseguró ayer el jefe del Estado checo, Milos Zeman.

Batallas dialécticas aparte, el fallo del Tribunal no hace albergar ninguna duda sobre la legalidad del esquema de reparto. La corte comunitaria recuerda que los tratados europeos permiten medidas provisionales «si uno o varios Estados miembros se enfrentan a una situación de emergencia caracterizada por la afluencia repentina de nacionales de terceros países», como fue el caso de Italia y Grecia. Eslovaquia y Hungría solicitaron al tribunal la anulación de este sistema de cuotas al alegar errores de procedimiento (no hubo unanimidad en la decisión) y su inadecuación para responder a la crisis migratoria. En cuanto a los errores en las formas, el Tribunal defiende la mayoría utilizada para su aprobación al ser una medida urgente y temporal mediante un procedimiento no legislativo.

Sobre su impacto, la corte europea asegura que «la validez de la decisión no puede cuestionarse a partir de apreciaciones retrospectivas sobre su grado de eficacia. En efecto, cuando el legislador de la Unión ha de valorar los efectos futuros de una nueva normativa, su valoración sólo puede ser censurada si se revela como manifiestamente errónea a la vista de los elementos de que disponía al adoptarla. Pues bien, no es éste el caso, dado que el Consejo llevó a cabo un análisis objetivo de los efectos de la medida en relación con la situación de emergencia en cuestión a partir de un examen pormenorizado de los datos estadísticos diponibles en ese momento». Sin nombrar a nadie, el fallo recalca que el fracaso de esta iniciativa se debe a «la falta de cooperación de ciertos Estados miembros» y concluye que la medida adoptada contribuye a que Grecia e Italia puedan hacer frente a la crisis migratoria.