La Justicia europea pone fin al «turismo del subsidio»

Los ciudadanos europeos que se trasladen a otro Estado miembro distinto del de su residencia con el único objetivo de recibir prestaciones sociales pueden ver rechazada su petición. La Directiva europea sobre el derecho de libre circulación y residencia no da derecho a todo. Así lo ha puesto de manifiesto un fallo del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en Luxemburgo, dando respuesta a las dudas planteadas por el Tribunal de lo Social de Leipzig (Alemania). Según el fallo, un Estado miembro «debe contar con la posibilidad de denegar las prestaciones sociales a ciudadanos de la Unión que no desarrollen una actividad económica y que ejerzan su libertad de circulación con el único objetivo de percibir la ayuda social de otro Estado miembro cuando no disponen de recursos suficientes para optar al derecho de residencia», señala el auto. Se trata de una sentencia vinculante y que podrá aplicar cualquier Estado miembro que se vea en una situación parecida. Todo comienza cuando una madre y su hijo, de nacionalidad rumana, solicitan en Alemania una prestación, denominada «seguro básico», cuyo objetivo es garantizar la subsistencia de los beneficiarios. El Estado alemán se la niega, pese a que ambos viven en Lepzig en casa de una hermana de ella, que se encarga de su manutención y por la que recibe una prestación de 184 euros por el hijo y un anticipo sobre la pensión alimenticia por importe de 133 euros al mes, una ayuda que no cuestiona el Tribunal.

Según señala el auto, la ciudadana llegó a Alemania «sin ninguna cualificación profesional y sin haber ejercido ninguna actividad profesional ni en su país de origen ni en el de acogida». «No entró en Alemania para buscar trabajo», sentencia con rotundidad. El Tribunal de Justicia considera que para acceder a ciertas prestaciones sociales, entre las que se incluirían estas alemanas del seguro básico, los nacionales y los comunitarios no tienen por qué ser tratados equitativamente. Tan sólo podrían reclamar los segundos igualdad de trato respecto a los ciudadanos naturales del país «si su estancia cumple con los requisitos de la Directiva Ciudadano de la Unión». Según esta directiva, «el Estado miembro de acogida no está obligado a conceder prestaciones de asistencia social durante los tres primeros meses de residencia». En el caso de que se supere este periodo, y que sea inferior a cinco años, como es el caso de esta sentencia, «la directiva condiciona el derecho de residencia a que las personas que no ejercen una actividad económica dispongan de recursos propios suficientes». El objetivo de la directiva europea no es otro que evitar que los ciudadanos europeos «que no ejerzan una actividad económica» se aprovechen del sistema de asistencia del Estado miembro al que llegan «para garantizar su subsistencia».

En el caso estudiado ahora, la ciudadana rumana no dispone de los recursos necesarios para reclamar un derecho de residencia en Alemania, lo que dejaría fuera a esta familia de poder reclamar esa prestación y «sin poder invocar el principio de no discriminación recogido en la directiva y en el reglamento sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social». Sobre la libre circulación de personas, la legislación comunitaria establece por lo tanto que los europeos tienen derecho a residir en un Estado miembro de acogida por un periodo máximo de tres meses para que no se les exija nada a cambio más allá de tener un documento de identidad en vigor. Aquel ciudadano europeo que quiera permanecer más tiempo se tiene que asegurar de no representar ninguna carga excesiva para el país de acogida. Este punto de la directiva comunitaria recuerda la medida impuesta por Bélgica, cuando «invitó a marcharse» a muchos ciudadanos europeos por suponer una carga importante para su sistema social. En 2013, la Secretaría de Inmigración de Bélgica retiró el permiso de estancia a 2.712 personas, de las cuales 323 eran españolas.

La sentencia del Tribunal de Luxemburgo supone un espaldarazo a la política de la canciller, Angela Merkel, que se sitúa en un punto medio entre las restricciones a la libertad de circulación que propone, por ejemplo, Reino Unido y los abusos al Estado del bienestar. En el debate abierto en Europa sobre la inmigración también hay países que quieren ir más allá e imponer cuotas a la inmigración en función de los intereses económicos del país. Suiza es un caso claro, y en estos momentos se encuentra en negociaciones con la UE para cerrar un acuerdo institucional, pero que no termina de concretarse por las diferencias en cuanto a la inmigración. Su relación con Bruselas se truncó desde que los suizos votaran en un referéndum en febrero su voluntad de establecer cuotas para la entrada de trabajadores extranjeros, con el 50,3% de apoyos.

Otro país que se ha atrevido a cuestionar la directiva de libre circulación de personas ha sido Reino Unido. Su primer ministro, David Cameron, abogaba por controlar la llegada a su país de ciudadanos de la Unión Europea. «Necesitamos nuevas medidas para asegurarnos de que tenemos un control más efectivo. La gente reconoce que Reino Unido es un país abierto y tolerante, pero la inmigración en los últimos años ha sido demasiado alta», señalaba Cameron. La Unión Europea respondía con un «no» rotundo.

Derecho de libre circulación frente al derecho al subsidio

- La Comisión Europea celebró ayer la sentencia porque establece, puede que de forma definitiva, que el libre movimiento de personas no supone «el derecho a acceder libremente a los sistemas de asistencia social de los Estados miembros».

- Parados de larga duración. Varios Estados se han quejado de que reciben a miles de inmigrantes, especialmente del este de la UE, que nunca buscan trabajo. Alemania mantiene con el subsidio básico a 4,3 millones de personas. Sólo el año pasado entraron en el país 77.480 polacos y 62.372 rumanos.