La Policía turca «caza» en sus casas a los opositores

El Gobierno turco sigue adelante con la campaña de represión, en un intento de silenciar definitivamente la ola de protestas que cumple ya tres semanas. La pasada madrugada, las Fuerzas de Seguridad arrestaron a casi un centenar de personas en varias ciudades, sobre todo en Estambul, donde nació el movimiento de protesta en torno a la demolición del parque Gezi. Las detenciones fueron llevadas a cabo en viviendas y oficinas de aquellos que participaron en las protestas y que ahora están aterrorizados, y no han vuelto a movilizarse en las últimas 48 horas. «Ahora mismo estamos completamente paralizados, no hemos vuelto ni siquiera a reunirnos porque tenemos miedo», explicó a LA RAZÓN un miembro de uno de un grupo izquierdista. «No tenemos los medios para hacer frente a la fuerza que está empleando el Gobierno, las manifestaciones pacíficas vienen dispersadas enseguida, no podemos acceder a la plaza Taksim», añade esta activista, que prefiere permanecer anónima por razones de seguridad.

En Estambul, corazón de la «revuelta verde», no se han vuelto a registrar protestas multitudinarias desde el domingo, ante la fuerte presencia policial, que ha evitado que los manifestantes vuelvan a concentrarse. Mientras, en la capital, Ankara, los antidisturbios siguen empleando gases lacrimógenos y cañones de agua contra los manifestantes, que bajan a la calle cada noche desde el pasado 1 de junio en solidaridad con sus compañeros de Gezi.

El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, volvió a defender ayer la actuación de la Policía, así como el uso del gas y el espray pimienta contra los manifestantes, que dijo es un «derecho natural» de los agentes. Erdogan aseguró que la Policía no había hecho un uso excesivo de la fuerza porque no había usado armas de fuego ni disparado una sola bala, lo cual es frecuente por parte de las fuerzas de seguridad en Oriente Medio. Ante el grupo parlamentario de su partido, el islamista Justicia y Desarrollo (AKP), el líder prometió que los poderes de su Policía serían incluso fortalecidos para que puedan hacer frente a los «eventos».

Mientras, las ONG internacionales Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado la campaña de arrestados llevada a cabo desde el fin de semana, así como los abusos policiales. En un comunicado, HRW asegura que la actuación del Gobierno turco ha causado una «profunda crisis política y de derechos humanos» en el país.

Por su parte, el Secretario General de la ONU, Ban Ki Moon, volvió a pedir a través de un comunicado oficial, diálogo y contención a todas las partes, y al Gobierno turco que respete el derecho a manifestarse pacíficamente y evite más enfrentamientos entre Policía y manifestantes.

Pero el Gobierno de Erdogan parece dispuesto a no dejar hueco al disenso ni a la libre expresión, y por ello una de sus principales preocupaciones son las redes sociales, que desde el principio han canalizado el descontento ciudadano. El Gobierno estaría diseñando un proyecto de ley sobre crímenes cometidos en internet, según la prensa local. Decenas de usuarios de Twitter han sido arrestados a lo largo de las casi tres semanas de protestas en Turquía por haber «incitado» las manifestaciones y los disturbios, y las «operaciones» contra aquellos que «difunden información falsa» siguen adelante, según advirtieron las autoridades turcas. El diario «Hurriyet» desvela que un departamento especial del Gobierno está trabajando ya en el análisis de unos cinco millones de mensajes de Twitter enviados en este tiempo.

Por su parte, el presidente turco, Abdula Gul, que está siendo la voz más moderada y conciliadora, dijo que cualquier regulación de internet tiene que estar en consonancia con los estándares europeos. Al mismo tiempo, Gul advirtió a los manifestantes de que no pueden dañar en una semana la imagen que Turquía ha construido en los últimos años, en los que se había convertido en un ejemplo de democracia en Oriente Medio, ahora puesto en duda.