La presión a la Prensa pone a Cameron contra las cuerdas

El escándalo sobre el espionaje británico se ha convertido en un asunto demasiado incómodo para David Cameron. Y ya no sólo por las técnicas aprobadas por Downing Street para mantener controladas las comunicaciones de sus ciudadanos, sino por el "modus operandi"que está empleando el Gobierno para deshacerse del material que posee The Guardian. El rotativo tiene todos los documentos comprometedores para Londres y Washington a los que tuvo acceso el ex analista estadounidense Edward Snowden.

Tal y como informaron ayer otros periódicos británicos, Cameron habría sido el responsable de dar la orden para presionar a The Guardian dando instrucciones a su responsable de gabinete Jeremy Heywood para que advirtiera a la redacción de que se tomarían medidas si se continuaban publicando exclusivas sobre este tema.

Alan Rusbriger, editor y persona clave para publicar todas las filtraciones, utilizó el martes su columna de opinión para denunciar cómo Downing Street le había mandado a dos altos cargos del Ejecutivo en representación del "premier"para ver con sus propios ojos cómo se destruía en el sótano del periódico varios discos duros.

Para bochorno del líder conservador, Estados Unidos se ha distanciado públicamente de este tipo de comportamientos. "Es muy difícil imaginarse un escenario en el que fuera una actuación adecuada", recalcó ayer el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, al ser preguntado sobre este asunto. Alemania también se mostró preocupada por la situación de la libertad de prensa. El encargado de derechos humanos del gobierno, Markus Löning, dijo al diario Berliner Zeitung que el Reino Unido había cruzado la "línea roja".

Pero la presión no sólo viene de fuera. Yvette Cooper, responsable de Interior en la oposición, pidió ayer la comparecencia de Cameron en el Parlamento en cuanto se reanuden las sesiones tras el periodo estival para dar explicaciones sobre estos procedimientos y la detención de David Miranda. La pareja sentimental de Glenn Greenwaald, uno de los periodistas que ha dado cobertura a las filtraciones de Snowden, fue retenido el pasado domingo cuando estaba en el aeropuerto de Heathrow como pasajero en tránsito desde Berlín a Río de Janeiro.

Al amparo del artículo siete de la Ley Antiterrorismo de 2000, los funcionarios de fronteras le interrogaron durante nueve horas y le confiscaron sus dispositivos electrónicos.

Ante la ausencia del premier, que sigue de vacaciones, es la responsable del Interior, Theresa May, la que está capeando el temporal. La ministra señaló que la Policía tenía todo el derecho a detener a Miranda si consideraba que éste tenía información útil para los terroristas. Ante las críticas que acusan al Gobierno de abuso de poder, May recalcó que la ley Antiterrorista da autorización a los agentes para detener a cualquier persona que puede tener material que, en caso de ser robado por terroristas, pueda conducir a la pérdida de decenas de vidas. "La Policía debía actuar", recalcó.

En esta misma línea, el viceprimer ministro Nick Clegg respaldó ayer las decisiones tomadas por su compañero de coalición y recalcó que la destrucción de los discos duros del rotativo The Guardian eran necesaria para evitar una "grave amenaza para la seguridad nacional"en caso de que llegaran a "manos equivocadas".

Miranda prohíbe descargar la información de su ordenador

David Miranda, la pareja del periodista de The Guardian que publicó los artículos sobre espionaje, acusó al Reino Unido de "abuso total de poder"al interrogarlo durante casi nueve horas en el aeropuerto de Heathrow. En su primera entrevista desde que regresó a su casa en Río de Janeiro el pasado lunes, el brasileño dijo que las autoridades habían tratado de intimidarlo y obligarlo a revelar las contraseñas de su ordenador y teléfono móvil. "Ellos me amenazaban todo el tiempo, diciendo que me mandarían a la cárcel si no cooperaba", recalcó. "Me trataron como si yo fuera un criminal o alguien que estaba a punto de atacar al país... Era agotador y frustrante, pero yo sabía que no había hecho nada malo", matizó. Los abogados del brasileño aseguraron que habían escrito a Scotland Yard y la ministra del Interior, Theresa May, explicando que están dispuestos a tomar acciones legales por lo que consideran una detención "ilegal". Prohíben a los agentes descargar o examinar los datos de todos los dispositivos electrónicos que le confiscaron a su cliente en el aeropuerto y piden a las autoridades devolver al propietario sus móviles y ordenadores en un plazo de siete días.