La presión obliga al chavismo a dar garantías sobre las elecciones

El chavismo ha reaccionado de forma virulenta a la visita de González. Aparte de convocar a sus simpatizantes a reunirse en puntos emblemáticos de todos los municipios del país contra el político español, la televisión estatal promueve desde hace días el uso de la etiqueta «#felipefueradeaqui» en las redes sociales y se hace eco de las protestas. Pero el seguimiento mediático dado a la huelga de hambre de los presos políticos y su comparecencia ante la Justicia no desvía el foco de una de las principales demandas de López, Ceballos y sus compañeros: que se fije una fecha para las próximas elecciones legislativas y que se celebren de una manera justa y transparente, con observadores de la UE como garantes.

El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, dio la cara ayer para decir que una demostración de que en Venezuela hay democracia es el hecho de celebrar constantemente elecciones ciudadanas. «Ahorita van a haber unas elecciones parlamentarias, ya lo han dicho públicamente y yo puedo ratificarlo porque por teléfono lo hemos conversado, las elecciones serán a finales de noviembre o la primera semana de diciembre». Y agregó: «Lo más sano» en los casos de los opositores Leopoldo López y Daniel Ceballos es levantar la huelga de hambre «porque obviamente no es ése un método que tienda a resolver sus reclamos, más bien pudiera traerles consecuencias agresivas a su salud».

Algunos expertos consultados por LA RAZÓN atrasan esa fecha al 17 de diciembre, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Bolívar. «No entendemos que tarden tanto en fijar las fechas. Eso es que están esperando un repunte en las encuestas que hasta el momento no le son favorables», afirma Jenni Álvarez, coordinadora de campaña del partido Podemos de Venezuela. «Podrían además cambiar las reglas del juego. Quitar bancas en regiones donde domina la oposición y favorecer las zonas chavistas con más diputados y escaños. También podrían ilegalizar algunas uniones de partidos dentro de la MUD y varias candidaturas presentadas en las listas de la oposición», añade. Además la sombra del fraude siempre planea sobre Venezuela.

A este respecto el presidente Nicolás Maduro fue muy claro en su última alocución: «No voy a permitir que la oposición secuestre estas elecciones. El Consejo Electoral las convocará cuando les dé la gana aunque si por mí fuera las celebraría mañana».

No opina así Henrique Capriles. El gobernador de Miranda dijo que el Gobierno busca que la gente no vote y haya abstención. Según Capriles, «nunca antes» el oficialismo «había estado perdiendo un proceso electoral por 20 puntos» y «ninguna encuesta (...) le había dado al Gobierno una diferencia abajo tan importante», indicó sobre unos sondeos que no facilitó. Preguntado por este diario sobre los presos políticos, dijo que «la mejor manera de ayudarlos es votarlos. Muchos de ellos estarán en nuestras listas como candidatos. En el voto está la protesta».

La solicitud de la oposición, que podría parecer básica en cualquier país democrático, es toda una utopía en Venezuela. Un país donde el Ejecutivo controla al Consejo Nacional Electoral que celebra los comicios, el Tribunal Superior que estudia las demandas, y una enorme maquinaria capaz de movilizar votantes en todo el país. A esto suma recursos ilimitados procedentes de las arcas de Estado para promocionar su causa, un sistema clientelista de subsidios y que, prácticamente, todos los medios de comunicación se encuentran en manos oficialistas o de testaferros afines al poder. Se podría definir como una lucha entre David y Goliat. Hace tiempo que la oposición decidió unirse, por lo menos de cara a la galería, pero es sabido que entre ellos hay cruentas luchas internas con dos bandos bien definidos. Por un lado, la MUD liderada por Capriles y, por otro, el movimiento Voluntad Popular, liderado por el encarcelado Leopoldo López.