La Segunda Enmienda no es negociable

Los gritos en favor de un mayor «control de las armas de fuego» vienen inundando las páginas editoriales y los apartados de opinión como consecuencia del tiroteo del colegio de Connecticut. La opinión de que los estadounidenses no tienen derecho a tener armas de fuego y la afirmación de que la Constitución no ampara el derecho de los particulares a poseer armas de fuego son absolutamente falsas –y también incorrectas en el contexto de la Ley–. En el año 2008, el Tribunal Supremo resolvió en el caso del Distrito de Columbia contra Heller y fijó que la Segunda Enmienda a la Constitución ampara el derecho del individuo a poseer un arma de fuego a efectos particulares bajo techo federal. Que la ciudadanía norteamericana tiene derecho a poseer armas de fuego es una sentencia irrefutable y concluyente. Las personas que sienten un rechazo emocional a las armas de fuego en general, y que responden a las tragedias relacionadas con armas de fuego con propuestas bienintencionadas de prohibir o restringir el acceso de la ciudadanía que respeta la Ley a un arma de fuego, tienen que recordar que poseer un arma no es lo mismo que tener un barco o un club de golf. La posesión de barcos o clubes de golf no está recogida como libertad fundamental en nuestra Constitución. Por supuesto que las armas de fuego pueden ser utilizadas por delincuentes y por enfermos mentales para cometer delitos y para asesinar a inocentes. Pero los coches, los martillos y los cuchillos también. Una camioneta sin frenos puede causar la misma consternación que un arma de fuego adquirida de forma ilegal. Las armas es la forma más eficaz de protegerse que tienen los particulares. De manera que la pregunta correcta a plantearse no es si un arma de fuego puede ser utilizada para cometer un delito; la pregunta correcta es: ¿las armas de fuego se utilizan con mayor frecuencia para impedir delitos o para cometerlos? ¿Salvan más vidas de las que se cobran?.

Las investigaciones del académico John R. Lott y otros eruditos han demostrado, más allá de toda duda, que un arma de fuego impide un delito casi cinco veces más de las que es utilizada para cometerlo. La realidad irrefutable es que los estados con mayor porcentaje de armas de fuego registran las caídas más acusadas de los delitos violentos. Los estados que permiten a la ciudadanía llevar un arma de fuego experimentan la menor incidencia de crímenes violentos. Los delincuentes son mucho menos dados a atacar a la gente si temen que su víctima pueda defenderse. Puesto que los delincuentes no saben quién puede llevar un arma de fuego escondida, incluso si sólo unos cuantos ciudadanos llevan realmente un arma oculta, se reduce de forma eficaz la incidencia de los ataques contra todo hijo de vecino. ¿Habrían impedido las muertes de Connecticut más ordenanzas para la posesión de armas de fuego? ¿Impiden comprar droga a los drogadictos las leyes que prohíben el consumo y la posesión de sustancias ilegales? La respuesta no es que hay que limitar el acceso a las armas de fuego por parte de la ciudadanía que respeta la Ley. La respuesta es que alguien mentalmente enfermo no debe tener acceso a un arma. La enfermedad mental o los antecedentes deben ser comprobados estrictamente. Los estados tienen que remitir con diligencia los informes de enfermedad mental y los antecedentes criminales al Registro Nacional de Antecedentes para poder identificar a los individuos que no deben comprar armas de fuego. Tan difícil como pueda resultar de comprender cuando vemos delitos cometidos con armas de fuego o la trágica pérdida de vidas inocentes, hay que recordar que las armas de fuego son diferentes a todas las demás cosas que poseemos. Los Fundadores de América entendieron que era adecuado armarse según una postura muy destacada en el seno de nuestro marco de libertades individuales. Hemos de resistirnos a la tentación de renunciar a los derechos de muchos por las acciones ilegales de unos pocos.