Lisboa pondrá a prueba la capacidad europea para apagar otro fuego

En la partida de ajedrez en la que se ha convertido la crisis de la deuda de la zona euro, Portugal vuelve a entrar en escena y a poner a prueba la capacidad de los mandatarios europeos para apagar un nuevo fuego. El rechazo del Tribunal Constitucional luso a algunas de las medidas de austeridad supone un agujero de aproximadamente 1.000 millones de euros que es necesario renegociar con los acreedores internacionales, y ya empiezan las cábalas sobre cuáles pueden ser las medidas alternativas que se pongan en marcha y la reacción de las autoridades comunitarias y de los mercados. Bruselas ya ha concedido dos prórrogas a Lisboa desde la concesión del rescate. la última hace tres semanas, cuando se acordó que el déficit de 2013 pudiera situarse en el 5,5 % frente al 4,5% pactado anteriormente. Además, esta nueva crisis se produce a las puertas de la reunión del Eurogrupo y del Ecofin esta semana en Dublín. Allí, se espera que tanto Portugal como Irlanda consigan más tiempo para devolver el dinero del rescate, pero Lisboa teme que el lío constitucional ponga en tela de juicio la voluntad del país para cumplir los acuerdos alcanzados. Tampoco es la primera vez que el Gobierno luso se sienta con sus acreedores internacionales en un momento de máxima debilidad política. La petición del rescate se realizó cuando el socialista José Sócrates había dimitido precisamente por el rechazo del Parlamento portugués a unas medidas de austeridad que, paradojas del destino, iban encaminadas a evitar la intervención europea. Lo que ahora suceda con Portugal tendrá consecuencias no sólo para Lisboa, tal y como nos ha enseñado una y otra vez esta crisis de deuda. La posible mano dura o flexibilidad que demuestren los socios de la zona euro será un precedente para el resto de países en un momento de fuerte recesión. Voces nada heterodoxas como el FMI han acusado a los líderes europeos de ir demasiado lejos con su política de austeridad y poner en peligro el crecimiento económico. El rescate de Chipre ha supuesto un nuevo aguijón en la credibilidad de la Eurozona, e Italia está lejos de solucionar una delicada situación política. El anuncio del Banco Central Europeo de hacer «todo lo posible» y utilizar toda su artillería pesada para comprar deuda de los países más débiles ha suavizado las tensiones en los mercados, pero los conatos de fuego vuelven a multiplicarse. A ello debe sumarse el factor electoral. Angela Merkel ve cómo se acercan los comicios en Alemania y teme que sus electores castiguen una excesiva permisividad germana.

Y, cómo no, la crisis lusa afecta a España en un momento de renegociación de los objetivos de déficit. La Comisión Europea incluso negó la semana pasada a través de su portavoz, Olivier Bailly, que en este momentos se pueda hablar de «negociaciones». El portavoz incidió en la necesidad de esperar al veredicto del 22 de abril de Eurostat, la agencia estadística comunitaria, en la validación de la cifra de déficit del año 2012 y volvió a recordar que Bruselas todavía no ha terminado su análisis sobre la situación española. De sus palabras se desprende que el Gobierno de Mariano Rajoy no puede dar por sentada la concesión de la prórroga y que las medidas de ajuste del año 2014 (no se pidieron recortes adicionales en el año 2012 y 2013 a pesar de que ya se daba por hecho que nuestro país no cumpliría con los objetivos) se mirarán con lupa en esa táctica tan comunitaria del palo y la zanahoria.