Londres obligó a «The Guardian» a destruir material de Snowden

Podría ser el inicio de un «thriller»: un periodista revela cómo el Gobierno de un país que presume de defender la libertad le obliga a destruir unos documentos que ponían en aprietos al Ejecutivo y a su socio más próximo. El protagonista dibuja además un futuro, no muy lejano, donde los informadores tienen que recurrir de nuevo al bolígrafo y al papel ante la amenaza del ciberespionaje, una malévola herramienta que controlan los hombres en el poder para callar a todas las gargantas profundas. El problema es que la realidad vuelve a superar de nuevo la ficción y el paisaje no aparece en ningún guión, sino en las páginas del rotativo británico «The Guardian».

Alan Rusbriger, editor y persona clave para publicar todas las filtraciones de Edward Snowden y WikiLeaks, utilizó ayer su columna de opinión para denunciar cómo Downing Street le había mandado a dos altos cargos del Gobierno en representación del primer ministro, David Cameron, para ver con sus propios ojos cómo se destruían en el sótano de la redacción varios discos duros y documentos filtrados por el ex agente de EE UU.

El material fue destruido, pero Rusbriger ironiza con el poco conocimiento que tenían estos mensajeros. «¿Acaso no sabían que la persona que entrevistó a Snowden vive en Brasil?», se pregunta. «Hace unos dos meses, altos cargos del Gobierno contactaron conmigo, asegurando que representaban el punto de vista del primer ministro. Después, vinieron dos reuniones en las que me exigieron que entregara o destruyera todo el material sobre el que trabajábamos», explica. El periodista añade que, aunque el tono fue «cordial», «hubo una amenaza implícita de que otros dentro del Gobierno estarían a favor de un enfoque más draconiano» en este asunto. Un mes después, recibió una llamada «del centro del Gobierno». «Ya habéis tenido vuestra diversión, ahora queremos todo de vuelta», dijeron los interlocutores, en alusión al material del ex espía.

A ello siguieron varias reuniones con «misteriosos miembros del Parlamento». «La demanda era la misma: ''Entregad el material de Snowden o destruidlo''. Entonces les expliqué que, si lo hacíamos, no podríamos seguir investigando. Parecían desconcertados.''Ya habéis tenido vuestro debate, no hay necesidad de escribir nada más''», relata. Rusbridger señala que durante una de estas reuniones preguntó si, en caso de que «The Guardian» no accediera a dicha petición, estaban dispuestos a acudir a la vía judicial. «Confirmaron que ésa era exactamente la intención del Gobierno». «Entonces, les expliqué la naturaleza de la colaboración entre periodistas. Sin rodeos: no tenemos por qué informar desde Londres», recalcó.