La oposición no descarta el veto al «decretazo» de Maduro

El presidente de la Asamblea Nacional insiste en que mantendrán las funciones de control del Ejecutivo pese al estado de excepción y recela de la oferta de diálogo chavista

Venezuela amaneció ayer en estado de emergencia económica, declarado por el presidente Maduro porque la crisis que arrastra el país «ya era una urgencia desde hace tiempo». Así lo cree Rosa Gómez, contable que el sábado se levantó a las cuatro de la mañana para ponerse en la habitual cola del supermercado. «Lo único que quieren realmente es tener más poder», se queja esta caraqueña. Entre la población imperó el desconocimiento sobre los efectos de un decreto que restringe las garantías constitucionales y económicas. Entre otras, permite las expropiaciones de empresas o limitar las operaciones financieras, es decir, permite al Gobierno imponer un «corralito». «¿Por qué no han hecho antes nada? Eso son sólo tonterías», lamentaba Marlow, un vecino de San Martín, un barrio popular de la capital, donde, como él, muchos eran ajenos al contenido del primer decreto de este calado durante los tres lustros de chavismo.

Su aplicación para los próximos dos meses pasa por la aprobación de la Asamblea Nacional (AN) en un plazo de ocho días. A tenor de las primeras reacciones de algunos representantes de la oposición durante la inédita rendición de cuentas de Maduro, el Legislativo rechazará la iniciativa tanto por sus formas como por el fondo. Con todo, se muestra cierta disposición al entendimiento que deja la puerta abierta a posibles modificaciones del texto. «Es nuestro deber exigir al Gobierno un cambio de rumbo. Si no se imprime este cambio, tendremos que liderar al país para cambiar al Gobierno», aseveró ayer Julio Borges, líder de la bancada opositora.

El presidente, Nicolás Maduro, presentó el viernes por primera vez su Memoria y Cuentas ante un hemiciclo de mayoría antichavista, pero lo hizo con un decreto que amplía sus poderes, pasando por encima del Legislativo. «Habla de diálogo político, social y económico para poder superar la terrible situación del país, pero su decreto de emergencia económica lo publicó sin consensuarlo con sector alguno», señaló el portavoz de la plataforma opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, en referencia a la propuesta de Maduro de crear un consejo nacional que aglutine a todos los poderes del Estado y la sociedad. La publicación del decreto en la «Gaceta Oficial» antes de presentarla ante el Parlamento podría dejar sin validez legal el texto, según varios abogados locales, sin embargo, el chavismo insiste en su publicación en el boletín implica su aplicación inmediata. Para Torrealba, «este instrumento (el decreto) otorga amplios poderes a las mafias oficiales que generaron esa emergencia. Insisto: la emergencia económica es fruto del saqueo. El decreto de emergencia económica de Maduro confiere todo el poder a los saqueadores». Por su parte, el diputado opositor, Freddy Guevara, calificó de «peligrosos» los puntos de un decreto «vacío» y «lleno de generalidades». Entre otros motivos, porque «no se habla sobre incrementar la producción nacional o la exportación, pues este modelo económico actual no lo sustenta».

Para el analista político Emilio Nouel, el decreto cae en la «indefinición» y no se abordan aspectos tan importantes como la financiación del plan, el control de cambios o las inversiones extranjeras. «Es una maniobra política para acusar a la oposición de obstruir las políticas del Gobierno para salir de la crisis», apunta Nouel, quien considera que el decreto «no es un elemento de diálogo», sino una herramienta más del Ejecutivo para ganar tiempo. El propósito de Maduro es compartir la responsabilidad de la galopante crisis económica con la oposición, indica el analista, como ya ha tratado de hacer desde el varapalo electoral del oficialismo. En su mensaje, el dirigente chavista hizo un reiterado llamamiento a la «unión» y pidió el apoyo de la Asamblea para el «tremendo esfuerzo» que supondrá la ejecución de su decreto económico. No obstante, se mostró irreductible ante las primeras iniciativas legislativas de la oposición. Por un lado, dio portazo a la Ley de Amnistía, una de las banderas del «cambio» opositor, para introducir la propuesta de una comisión «paritaria» de Justicia, Verdad y Paz que proteja a las víctimas –los 43 muertos y 900 heridos en las protestas de febrero de 2014– y no a los instigadores de las manifestaciones, como el opositor encarcelado Leopoldo López. La respuesta del presidente de la Cámara, Henry Ramos Allup, en el mismo acto fue tajante: «Por favor, presidente, reconozca que aquí sí hay presos políticos». Por el otro, Maduro se negó a apoyar el proyecto de ley para otorgar la titularidad a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda, que consideró un intento de «privatización». «Tendrán que derrocarme para aprobarla. ¡No, no y no!», gritó el dirigente en uno de los momentos más tensos de la sesión especial.

Asimismo, el mandatario venezolano insistió en achacar los motivos de la crisis a la llamada «guerra económica» instigada por el capitalismo y enumeró cinco excusas para justificar la grave situación del país, entre ellas el desplome del petróleo o la falta de «espíritu nacional del sector privado para lograr objetivos de regulación». Por su parte, Ramos Allup tendió la mano al Gobierno, siempre y cuando, haya «una voluntad de rectificación y diálogo sincero». Es decir, reconocer que el modelo económico (chavista) ha sido «ruinoso» y «erróneo».

Los escenarios

1) Rechazo del decreto.

Si la Asamblea lo rechaza, Maduro utilizaría la Ley Habilitante para aplicarlo unilateralmente con el apoyo del Supremo, compuesto por 13 magistrados chavistas.

2) Nuevo texto.

La oposición podría presentar en la Cámara un texto alternativo al de Maduro en el que se garantizaran las libertades constitucionales y se incorporasen nuevas medidas.

3) Aprobación.

Es el escenario más remoto, ya que la oposición ha mostrado su rechazo. Cabría la posibilidad de que dieran un «sí» a Maduro ante la urgente necesidad de reformas económicas.