Los partidos cierran filas frente al terrorismo

Tras la operación antiterrorista llevada a cabo por el RAID, unidad de élite de la Policía francesa, y la BRI, la brigada de intervención de la Policía judicial, François Hollande volvió a tomar ayer la palabra, esta vez ante los alcaldes de Francia, reunidos en asamblea en el Palacio de Congresos de París. El presidente comenzó su intervención expresando su «gratitud» y «admiración» hacia los policías de élite que habían llevado a cabo por la mañana la espectacular operación destinada a capturar al cerebro de los atentados del 13 de noviembre, Abdelhamid Abaaoud. «Francia está orgullosa de disponer de fuerzas de esta calidad para proteger a nuestros ciudadanos», dijo Hollande. Pero deseaba, sobre todo, recordar la necesidad de evitar divisiones ante las críticas que está recibiendo su iniciativa para reforzar la lucha antiterrorista: «Frente a la amenaza terrorista no hay divisiones partisanas, sólo hay hombres y mujeres conscientes de sus responsabilidades». El presidente francés invitó a su auditorio a «estar vigilantes para preservar en cada pueblo de Francia la unidad que hace nuestra fuerza».

El martes quedó claro en la Asamblea que la unidad nacional no es tan evidente. Desde los escaños de los diputados conservadores se oyeron gritos y abucheos durante la sesión de preguntas al Gobierno. Muchos se sienten atrapados ante el discurso de firmeza y seguridad que ha adoptado el presidente de la República y su Gobierno, asumiendo numerosas medidas que ellos mismos proponían desde hace tiempo, y dejándolos sin argumentos de cara a las elecciones regionales que se celebran el 6 y 13 de diciembre.

Para evitar nuevas manifestaciones de desacuerdo con el Ejecutivo en estos momentos de crisis, el presidente de la Asamblea, el socialista Claude Bartolone, llamó al orden –de forma «muy solemne»– al conjunto de presidentes de los grupos políticos. El propio representante de los Republicanos, Christian Jacob, reconoció que no habían estado «a la altura» de la situación. Hoy, los diputados deberán examinar el proyecto de ley de prolongación y reforma de la ley del 3 de abril de 1955 relativa al estado de emergencia. Entre las medidas contempladas en el texto, figura la ampliación del régimen de arrestos domiciliarios, que se ampliará a cualquier persona sobre la que existan dudas de que puede presentar una amenaza para la seguridad, o la instauración de registros sin orden judicial. Sindicatos y asociaciones se mostraban ayer inquietos ante este paquete de medidas que abre el riesgo a un serio recorte de las libertades. También se pronunció el Defensor de los Derechos, Jacques Toubon, que emitió un comunicado advirtiendo que « las exigencias evidentes de seguridad deben ser combinadas con el respeto necesario a las libertades individuales y públicas».

Por otro lado, el Gobierno francés dio muestras ayer de estar empeñado en arrastrar al resto de socios de la UE en la lucha contra el Estado Islámico y, después del apoyo unánime recibido tras invocar el artículo 42.7 del Tratado de Lisboa sobre la defensa colectiva, busca nuevas herramientas antiterroristas. Una de ellas podría ser modificar los Acuerdos de Schengen para que todos los europeos que regresen al espacio común tras visitar otros países sean controlados en las fronteras, informó ayer «The Guardian». Ahora sólo excepcionalmente se pide y coteja el pasaporte a quienes despiertan sospechas por distintas razones, como haber viajado a países sospechosos de amparar el terrorismo, pero no es obligatorio. París quiere que lo sea para salvaguardar las fronteras exteriores. La medida no sería exigible en las interiores.