Venezuela y Colombia tensan sus músculos en la frontera

La crisis por el cierre de la frontera común ha dado un giro copernicano y, los gestos de buena voluntad escenificados por las ministras de Exteriores de Colombia y Venezuela el miércoles se han convertido en una escalada de consecuencias imprevisibles. Ayer, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, amplió el cierre del paso fronterizo a otros cuatro municipios del occidental estado del Táchira e informó del envío de tres mil efectivos para reforzar la lucha que mantiene el Ejecutivo en esa zona contra el contrabando y el hampa. «He decidido tomar medias estructurales y radicales y no me va a parar nadie, no me va a parar nada... voy con todo, medidas estructurales y radicales para sanar de raíz», recalcó Maduro, quien añadió: « Estoy dispuesto a reunirme con el presidente Santos a hablar de estos temas donde él quiera, cuando quiera y como quiera. Él y yo, solitos, y le pongamos el cascabel al gato, presidente Santos y hagamos historia usted y yo, si usted quiere». Unas palabras que vinieron despúes de que Bogotá convocara a su embajador en Caracas a consultas y solicitara reuniones de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur) y de la Organización de Estados Americanos (OEA) para mediar en el conflicto, pues estima que el diálogo bilateral ha fracasado, ante lo que considera el incumplimiento de acuerdos alcanzados esta semana.

Colombia acusa a Venezuela de ignorar el pacto para que el defensor del pueblo colombiano pudiera verificar en suelo venezolano las propiedades de los colombianos deportados. Hace cinco días que 15 camiones esperan en la frontera a que se autorice el acceso para que los casi 1.100 expulsados puedan recoger sus pertenencias. También pesan sobre el presidente Juan Manuel Santos las críticas de la oposición a su tibieza, ante los relatos ampliamente mediatizados en Colombia de que sus compatriotas deportados habrían sufrido abusos por parte de la Guardia Nacional venezolana, quien les habría robado dinero y propiedades antes de obligarles a abandonar el país. «He privilegiado el diálogo y la diplomacia y lo seguiré haciendo, pero no puedo permitir que Venezuela trate a los colombianos y trate al Gobierno colombiano de esa forma», justificó Santos. Su ministra de Exteriores, María Ángela Holguín, aseguró que es «impensable e imposible» romper relaciones con Caracas, pero lo cierto es que la crisis diplomática y humanitaria está ahora en sus mayores cotas.

Naciones Unidas, que tiene a equipos en la frontera para atender a los más de 5.000 colombianos que han abandonado a la fuerza o por voluntad propia Venezuela en la última semana, expresó ayer su rechazo por la actuación del Gobierno de Nicolás Maduro. «Estamos preocupados por las violaciones de derechos humanos que tienen lugar en el contexto de las deportaciones de los colombianos», dijo en Ginebra la portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani. Hay indicios de que Venezuela habría expulsado a colombianos que tienen la condición jurídica de refugiados en ese país, lo que viola las leyes internacionales.

El Gobierno de Venezuela, que también ha convocado a su embajador en Colombia, ha echado mano del apoyo popular. Miles de personas se manifestaron ayer en Caracas contra el «paramilitarismo» colombiano cuya proliferación en la frontera –aduce Maduro– justifica su cierre unilateral y el estado de excepción de 60 días decretado en varios municipios.