Maduro recurre al Supremo para suspender la consulta de la oposición

Argumenta que esconde un «plan golpista» y que sólo pretende provocar la violencia.

El chavismo vuelve a la carga para intentar evitar el plebiscito convocado por la oposición para el domingo y lo hace utilizando su principal ariete: el Tribunal Supremo. Pedro Carreño, diputado ante la Asamblea Nacional, anunció ayer que solicitarán al TSJ la nulidad del proceso de consulta popular. «Nosotros los revolucionarios vamos hoy a la sala electoral del TSJ a introducir un recurso contra el plebiscito con una cautelar que se suspenda los efectos porque ese plebiscito sólo tiene la intención de echar andar un plan golpista», anunció el oficialista. Carreñó añadió que el proceso de este 16 de julio tiene la intención de generar violencia e insistió en que es una consulta inconstitucional porque además ignora a la autoridad del Consejo Nacional Electoral (CNE). «Es inconstitucional porque no está en la Carta Magna y porque el ente rector es un poder público y lo están desconociendo también», puntualizó.

Poco después, Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, retaba al TSJ a pronunciarse contra el plebiscito. «Falso TSJ quiere pronunciarse contra consulta del 16–J. Ojalá lo hagan. Nada motivaría más al pueblo a ir al 16–J que desafiar a esos bandidos», expresó el diputado de Voluntad Popular. Guevara reiteró que el plebiscito está convocado contra Maduro. Sin embargo, llamó a votar «sí» para aprobar el rechazo a la Asamblea Constituyente, celebrar elecciones y formar un Gobierno de unidad nacional.

Dados los antecedentes, es de prever que el Supremo acuerde impedir la consulta. A partir de ahí, todo puede pasar, porque una prohición y la intervención de las fuerzas de seguridad chavistas podrían provocar violentas consecuencias, ahora que la oposición recobra fuerza tras la excarcelación de Leopoldo López.

En paralelo, el poder electoral venezolano aseguró que realizará el domingo un simulacro de los comicios de la Asamblea Constituyente convocada por el presidente, con el objetivo de eclipsar la convocatoria de la oposición. Ante esta provocación, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) la tachó de «feria electoral». «Es inaceptable que, teniendo conocimiento de la situación política y social que atraviesa Venezuela, donde ya han muerto al menos 91 personas, esta institución pública promueva con total irresponsabilidad y sin necesidad alguna una actividad inconstitucional que puede conllevar al enfrentamiento entre sectores ideológicos adversos», indicó la organización en un comunicado.

La oposición aclaró que considera «vinculante» el plebiscito que organiza para el domingo. «Esta consulta pública, que está establecida en la Constitución, es vinculante. Que quede claro que lo que vamos a decidir el domingo es de obligatorio cumplimiento para el régimen de Maduro, para la Fuerza Armada Nacional y para todos los poderes públicos», señaló el diputado opositor Luis Florido.

Florido, de Voluntad Popular, explicó que la consulta está amparada por el artículo 70 de la Carta Magna, que establece que «la consulta popular» y otros «medios de participación y protagonismo del pueblo» serán de carácter «vinculante». Indicó también que la consulta contará con la presencia de observadores nacionales y «algunas personalidades» internacionales, y que «en su momento» los resultados serán anunciados.

En sintonía y a través de un comunicado, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) pidió al mandatario chavista suspender la realización de la Constituyente. La misiva fue firmada por los obispos durante la Asamblea Plenaria Ordinaria de la organización, en la que remarcaron que el Papa Francisco sigue con «gran preocupación» lo que ocurre en el país.

Políticos encadenados

Fotos y datos que estremecen y que demuestran que el régimen reprime y no respeta la ley. Como por ejemplo con el político opositor venezolano Wilmer Azuaje, detenido por el Servicio de Inteligencia Nacional (Sebin) hace más de dos meses, encadenado e incomunicado en una celda, según denuncia su familia. Con una dramática imagen en la que se puede ver al ex diputado encadenado a una especie de tubería, la esposa de Azuaje mostró el estado en el que se encuentra su marido.

El concejal, de 40 años, fue abordado fuera de su oficina por dos vehículos de los cuerpos de seguridad el 3 de mayo. Posteriormente, fue enviado en un avión militar con rumbo desconocido. El 22 de junio, se publicó un vídeo en el que Azuaje denuncia las condiciones de reclusión y asegura estar en la sede del Sebin en Caracas, obligado a hacer sus necesidades fisiológicas en botes de pintura.

La denuncia coincide con otra de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que recordó ayer que más de un millar de personas siguen detenidas por las manifestaciones. En concreto, 3.600 personas han sido arrestadas en los tres meses de protestas en Venezuela y que, según informaciones de organizaciones civiles, más de 1.100 siguen encarceladas. Sobre el caso de López, el alto comisionado agregó que éste sigue privado de su libertad y ello pese a que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias determinó que el arresto es arbitrario y, por lo tanto, ilegal. Por su parte la ONG Foro Penal Venezolano sostiene que hay 431 nuevos «presos políticos» desde el 1 de abril, cuando se inició la ola de protestas. Otros presos emblemáticos son el alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, y el metropolitano de Cara