May pretende adaptar más de mil leyes de la UE sin consultar al Parlamento

Cuando no habían pasado ni 24 horas de la activación oficial del Brexit, el Gobierno de Theresa May presentó ayer en Westminster sus planes para trasladar la legislación comunitaria al derecho británico a fin de terminar con la «supremacía» de la Unión Europea (UE)

Cuando no habían pasado ni 24 horas de la activación oficial del Brexit, el Gobierno de Theresa May presentó ayer en Westminster sus planes para trasladar la legislación comunitaria al derecho británico a fin de terminar con la «supremacía» de la Unión Europea (UE). Se trata de ir preparando durante los dos próximos años el marco legal que regirá Reino Unido una vez salga oficialmente del bloque, previsiblemente en marzo de 2019.

El ministro para el Brexit, el euroescéptico David Davis, fue el encargado de explicar en la Cámara de los Comunes cómo acometerá el Ejecutivo la complejísima tarea de transferir desde Bruselas estos «miles de documentos» legales, uno de los mayores retos legislativos emprendidos en este país. Para ello, el Gobierno publicó ayer un «libro blanco», «Legislación para la salida de Reino Unido de la UE», sobre el proyecto de ley que revocará el Acta de las Comunidades Europeas de 1972 –que en su día autorizó el ingreso del país a la entonces CEE– y convertirá en británicas las leyes comunitarias. Además, se asegurará de que el país abandona la jurisdicción de la Corte de Justicia Europea. Se espera que el borrador, que llevará el título de «Great Repeal Bill» (Ley de la Gran Derogación), sea presentado en el Parlamento en otoño.

Debido al número ingente de normativa que se tiene ahora que transformar, el Ejecutivo quiere cambiar hasta mil leyes comunitarias sin debatirlas en el Parlamento utilizando el llamado «Estatuto de Proclamación». Éste fue usado por Enrique VIII en 1539 para legislar básicamente por su cuenta.

Las críticas al respecto por parte de los partidos de la oposición no se hicieron esperar. Mientras que el líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, mostró su rechazo a lo que consideró «poderes esencialmente dictatoriales», el responsable de los liberal demócratas, el eurófilo Tim Farron, señaló que su partido iba a abrir «una guerra legislativa». Por ello, en un intento de tranquilizar los ánimos, Davis puntualizó que asuntos clave como «el nuevo sistema de inmigración» serán debatidos en el Parlamento que, en cualquier caso, tendrá la última palabra en este largo proceso.

Es más, Davis señaló que la Ley de la Gran Derogación permitiría tanto a Westminster como a Gales, Irlanda del Norte y Escocia desechar, enmendar y mejorar las leyes. Y aquí se plantearía, según los expertos, un gran problema, ya que Edimburgo podría utilizar la oportunidad como baza para presionar aún más con la convocatoria del segundo referéndum de independencia prometido por la nacionalista Nicola Sturgeon. Davis asegura que, tras el Brexit, no sólo no se quitará competencias a las naciones de Reino Unido, sino que se aumentarán, pero su promesa fue recogida con bastante incredulidad en Edimburgo.

«Siempre hemos sido claros en que queremos una salida suave y ordenada, y la Ley de la Gran Derogación constituye una parte esencial de este enfoque», enfatizó el ministro. Asimismo, recalcó que, una vez la normativa sea aprobada, se «pondrá fin a la supremacía de los legisladores en Bruselas», al tiempo que se conferirá un marco legal que guiará a las empresas con el objetivo de evitar «lagunas legales» tras el Brexit. «Proporcionará claridad y certeza a empresarios, trabajadores y consumidores en todo Reino Unido», matizó. También aclaró que las reglas y estándares contenidas en las leyes comunitarias se mantendrán en el derecho británico hasta que el Parlamento «decida enmendarlas o eliminarlas». Posibilitará, matizó, que las empresas operen al día siguiente de la salida del bloque con la certeza «de que las reglas no han cambiado de un día para otro». También garantizará los derechos de los trabajadores, la protección medioambiental y los derechos de los consumidores.

El argumento

►May recurre a un estatuto usado por Enrique VIII

Alega que no tiene tiempo para someter a votación todo el ordenamiento jurídico. Usará el Estatuto de 1539 para legislar.

►Guerra con la oposición

Aunque el Gobierno asegura que las grandes leyes irán al Parlamento, la oposición ya ha anunciado una «guerra» contra la «dictadura» de May.