Trump permitirá la detención indefinida de menores

La nueva normativa entrará en vigor en 60 días a partir de la fecha de su publicación el próximo viernes

Nueva vuelta de tuerca en la política migratoria adoptada por el gobierno de EE UU, que ha anunciado su intención de que las familias de inmigrantes ilegales puedan ser detenidas de forma indefinida. Una medida que comprende también a los niños y que, según la Casa Blanca, responde a la necesidad de afrontar la crisis migratoria en la frontera.

El decreto será contestado de forma casi automática por las organizaciones en defensa de los derechos humanos no bien sea concretada en una orden que debiera de publicarse esta semana. Entraría en vigor en los próximos dos meses. El límite actual para retener a los menores de edad, fruto de una decisión judicial bautizada como el acuerdo Flores, es de 20 días, una sentencia del Tribunal Supremo, de 1993, que establece las protecciones debidas a los menores, entre otras cosas que los menores detenidos solo pueden ser entregados a sus padres, un tutor legal u otro adulto con el que exista una relación.

A falta de una reforma pactada del sistema migratorio, Flores ha sido un puntal legal inexcusable. El secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, no dudó en calificarlo de falla o agujero. Sostiene que al taponarlo «la nueva regla restablecerá la integridad de nuestro sistema de inmigración y eliminará el principal factor de atracción que alimenta la crisis». En realidad la administración Trump ha intentado sustituirlo desde hace meses.

De hecho Trump ya encargó en 2018 al Departamento de Justicia que adoptara las medidas necesarias. Pero la juez encargada de controlar su cumplimiento, la magistrada del Tribunal de Distrito Federal en Los Ángeles, Dolly M. Geem, lo rechazó de plano al considerar que había motivos suficientes para alterar el decreto. En su resolución la juez tildó la maniobra del departamento que entonces comandaba Jeff Sessions de «cínica» después de «más de 20 años de inacción en el Congreso y una acción ejecutiva mal planteada que ha provocado al estancamiento actual».

Está por ver qué resuelve el juez en esta ocasión. Entre tanto el ejecutivo de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, Madhuri Grewal, acusó a la Casa Blanca de liderar el enésimo ataque contra los derechos de la infancia, habló de «políticas» antiinmigrantes y lamentó que el gobierno de EE UU pretende «encarcelar a niños». «Ciertamente», añadió, «no debería tratar de meter a más niños en la cárcel por más tiempo».

Más contundente incluso ha sido la presidente del Congreso, y líder de la mayoría demócrata, Nancy Pelosi. En un comunicado oficial, publicado inmediatamente después de la rueda de prensa concedida por, acusa a la Casa Blanca de intentar «codificar el abuso infantil, simple y llanamente». «Su terrible e inhumano plan de encarcelamiento familiar», abunda, «eliminaría las protecciones básicas para los derechos humanos de los niños, revertiría las reglas impuestas por los tribunales durante décadas y violaría todos los estándares de moralidad y comportamiento civilizado».

En su opinión las detenciones prolongadas, no digamos ya indefinidas, son crueles y acelerará «la desgarradora situación humanitaria en la frontera, lo que empeoraría las condiciones para los niños que ya se ven obligados a dormir en pisos de cemento y a comer alimentos no comestibles y a los que se les niega la higiene y los estándares de atención más básicos». Pelosi también se hace eco del comunicado de la Academia Estadounidense de Pediatría, que opina que «Ningún niño debe ser detenido» pues «incluso los períodos cortos de detención pueden causar trauma psicológico y riesgos para la salud mental a largo plazo». La líder demócrata confía en que el juez del Distrito tumbe la medida, «inhumana y absolutamente desmesurada».