Renzi aprueba el despido inmediato de los absentistas

El absentismo laboral en la administración pública italiana ha estado tan presente en las últimas décadas que se había vuelto casi en un ingrato lugar común. Por eso, el nuevo decreto ley del Gobierno de Matteo Renzi, confirmado ayer, apunta a reforzar la lucha contra los «listillos de la tarjeta» –tal como escriben algunos medios transalpinos– que acuden a su puesto de trabajo para fichar, pero luego se van y, en el peor de los casos, están dispuestos incluso a pedir el descarado favor a un compañero.

La norma, aprobada en la noche del miércoles en el Consejo de Ministros, impone responsabilidad penal (y por tanto la cárcel) no sólo para el que lleve a cabo el absentismo, sino también a su responsable directo. Si el empleado público es pillado en flagrante en el momento de fichar y marcharse sin terminar su jornada laboral, el trabajador será inhabilitado en las siguientes 48 horas y con la respectiva rebaja salarial.

Renzi, quien ha sido acusado por el diputado de la oposición Renato Brunetta (Forza Italia, el partido de Silvio Berlusconi) de poner en marcha una ley según él ya existente, rebatió ayer las acusaciones en rueda de prensa afirmando que las actuales medidas «son mucho más duras», ya que prevén que también los jefes de dicha clase de empleados estén más involucrados en la erradicación del delito, especialmente en el momento de tener conocimiento del mismo: «No hay alternativas. ¿Que el directivo público no despide? Le despediremos nosotros a él», pronunciaba el primer ministro en la sede del Gobierno, el Palazzo Chigi. Hasta ahora los responables se arriesgaban tan sólo a la inhabilitación, excluyendo la posibilidad del despido definitivo.

Correrán los mismos riesgos también todos aquellos cómplices que ayuden a que el trabajador cumpla con su deshonesto objetivo. Así pues, «cualquier persona que, con su conducta activa o pasiva, favorezca la conducta fraudulenta», se aclaraba ayer desde el Ejecutivo transalpino. Se refuerza de esta forma el castigo por omisión de actos oficiales, con una pena de cárcel que va de los seis meses a los dos años.

También se hacen más breves los procedimientos de sanción, de los cien días a los actuales 30. Del mismo modo, el empleado público despedido también podría tener que pagar al Estado por daños a la imagen de las instituciones, a través de una cantidad de dinero equivalente, al menos, a seis meses de su sueldo.

Tal como informa la cabecera italiana «Il Corriere della Sera», los detalles técnicos que acompañan la nueva norma informan de la posibilidad de considerar los «evidentes ahorros» por el hecho de aplicar inhabilitaciones y despidos por conductas fraudulentas derivadas del absentismo laboral. No obstante el mismo periódico afirma en sus páginas que podría tratarse una consideración «algo exagerada».

La medida relativa al absentismo en la administración pública es sólo uno de los decretos pertenecientes a un paquete de reformas que prevé, entre otras cosas, un aumento de las políticas de transparencia y una reorganización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para hacerla más ágil y reducir el gasto. A partir de ahora, el conjunto de decretos ley pasará por el control parlamentario.