Suiza activa la alarma en la UE

A puertas de las elecciones europeas de mayo, los resultados del referéndum en Suiza que abogan por la vuelta de las cuotas de inmigrantes ha hecho renacer el grito de aquellos que quieren poner coto a la entrada de extranjeros en la Unión Europea. Según algunos analistas, si se celebrase la misma consulta en la UE, en casi la mitad de los Estados miembros el resultado sería el mismo, y así opinan grupos como el Frente Nacional galo, la Liga Norte italiana, o el propio primer ministro británico, David Cameron. Aunque el objetivo aparentemente es proteger a los ciudadanos de la crisis y los cada vez más frágiles Estados del Bienestar, todo apunta a que intentar desenredar el entramado de acuerdos jurídicos entre los Veintiocho y Suiza para seguir la voluntad popular puede llevar a verdaderos problemas a ambas partes.

La Alta Representante de la UE, Catherine Ashton, advirtió ayer de que el resultado del referéndum «no lleva a una dirección fácil» y pidió prudencia a todas las partes para dar tiempo a la reflexión sobre lo sucedido. «Seguiremos hablando con nuestros colegas suizos sobre lo próximo que hacemos y como avanzamos», manifestó ayer durante una reunión de ministros de Exteriores en la que algunos países mostraron su preocupación por el incierto escenario que se abre.

Fuentes comunitarias admiten «su preocupación» y se espera que el Consejo Federal suizo [Gobierno] explique mañana cómo va a llevar a la práctica el mandato salido de las urnas, por el cual en un plazo de tres años el número de permisos concedidos para la estancia de extranjeros en Suiza debe quedar establecido por contingentes anuales, incluyendo todos los permisos para extranjeros, incluso los asilados y los europeos que entran a diario a trabajar en la Confederación Helvética. Además, la «iniciativa contra la inmigración en masa» incluye límites al derecho de residencia estable, a la reagrupación familiar y a las prestaciones sociales.

Lo cierto es que el resultado de la consulta también ha levantado ampollas en Suiza. «Es un voto contra las autoridades políticas, el Gobierno federal y la mayor parte de los Cantones, que estaban contra la iniciativa. Es un voto contra la comunidad empresarial y todas las organizaciones que la representan y finalmente contra los partidos. Algunos de ellos se deben estar preguntando por qué un considerable número de sus simpatizantes les sigue sólo parcialmente en asuntos esenciales», explicaba Simonetta Sommaruga, una de sus siete miembros.

La Comisión Europea lo tiene muy claro: la introducción de cuotas para trabajadores europeos vulnera el Acuerdo de Libre Circulación firmado entre la UE y Suiza y tendrá «consecuencias muy graves» para las relaciones bilaterales. Actualmente, más de un millón de ciudadanos de la UE viven en Suiza y otros de 230.000 cruzan la frontera diariamente para trabajar, mientras que 430.000 suizos viven en la UE. Todos ellos resultarán directamente afectados por las nuevas medidas y caerán en un «limbo» jurídico, advierte Bruselas.

Sin embargo, la ruptura tendría también consecuencias mucho mayores, puesto que las relaciones entre la UE y Berna configuran un complicado tejido jurídico muy difícil de desligar. Tanto es así que existe una «cláusula guillotina» entre los siete acuerdos bilaterales de 1999 –entre ellos la libre circulación–, por la cual si uno era incumplido o denunciado, los demás quedarían en suspenso.

Por otra parte, no está claro que la llegada «en masa» de ciudadanos alemanes, franceses o italianos haya tenido realmente efectos nefastos sobre la economía suiza, donde se registra una tasa de paro inferior al 4%. El quid de la cuestión ahora –y de cara a otros dos referendos restantes previstos sobre la inmigración en Suiza para este año y 2015– es intentar discernir entre la amalgama jurídica en la que se han convertido las relaciones de este país con la UE. Desde el punto de vista político, son muchos los que creen que los suizos deberían haber sido mejor informados sobre las consecuencias de su voto, pues rechazar la libre circulación de personas supone también, si se lleva a efecto, poner freno al libre mercado con 500 millones de europeos. La Unión Europea es, con diferencia, el socio comercial más importante de Suiza, pues representó el 78% de sus importaciones y el 57% de sus exportaciones en 2011.

Pero nada parece, por ahora, que pueda frenar el proceso hacia los «cupos» de extranjeros. «Las amenazas y los intentos de presión por parte de la UE no han afectado al soberano suizo. Ahora corresponde al Consejo Federal aplicar la voluntad popular», insistió ayer el Partido Popular Suizo-Unión Democrática de Centro (PPS-UDC), impulsor del referéndum. «A pesar de una campaña de desprestigio que ha costado más de 10 millones de francos a sus autores, los ciudadanos han aceptado controlar la inmigración de forma independiente», añadió el PPS-UCD en un comunicado.