Trump acelera las expulsiones masivas

No sólo afectará a criminales, sino a cualquier inmigrante que lleve menos de dos años. El Departamento de Seguridad contratará a 15.000 agentes para acelerar las expulsiones.

Las redadas de hace dos semanas en Estados Unidos contra extranjeros fueron un aviso de qué va a pasar durante la Administración de Donald Trump con los inmigrantes en situación ilegal. El Gobierno estadounidense estableció ayer las nuevas directrices de control migratorio con las que el jefe del Departamento de Seguridad Nacional, John Kelly, explica cómo se deben poner en marcha los decretos migratorios que Trump firmó el 25 de enero.

Este cambio en política migratoria supone que la mayoría de los indocumentados que hay en el país, unos once millones, podrán ser expulsados de Estados Unidos, si bien quedan exentos los jóvenes indocumentados (los conocidos como «dreamers» o «soñadores») que llegaron a EE UU siendo menores de edad. El Programa de Acción Diferida (DACA), impulsado por el Gobierno de Barack Obama en 2012, permitió frenar la deportación de 750.000 de estos «soñadores». Pese a prometer durante la campaña electoral que iba a derogar este programa, la pasada semana Trump reconoció en rueda de prensa que «es uno de los temas más difíciles» a los que se enfrenta y aseguró que lo encararía «con corazón». Este programa permitía a los jóvenes frenar su deportación, obtener un permiso de trabajo y una licencia de conducir, aunque establecía que para seguir gozando de estos beneficios los jóvenes debían renovar el permiso cada dos años.

Con Obama en la presidencia, las órdenes de expulsión sólo afectaban a los indocumentados que llevaban en el país dos semanas y estaban a menos de 160 kilómetros de la frontera, así como a los que habían sido condenados por delitos graves. A pesar de todo, Obama ha sido el presidente que más inmigrantes ha deportado, con casi tres millones de ilegales en sus ocho años en el poder.

El jefe del Departamento de Seguridad Nacional dijo ayer que su personal «tiene plena autoridad para arrestar o detener a un extranjero sobre el que un agente de inmigración tiene una causa probable para creer que está violando las leyes de inmigración», lo que en la práctica afecta a cualquier inmigrante que no tenga papeles. No obstante, se siguen considerando prioritarias la detención y deportación de aquellos ilegales que hayan cometido delitos. Kelly pone en el punto de mira a todos los inmigrantes no autorizados, independientemente de que lleven años en el país y tengan hijos nacidos en Estados Unidos. Esto significa que la gran mayoría de esos once millones de indocumentados pasan a estar en el punto de mira.

Las autoridades quieren que los agentes migratorios trabajen con los de Policía en operaciones de arresto de los sin papeles. Esta orden supone un golpe contra las llamadas «ciudades santuario», donde hay acuerdos legales y tácitos con las autoridades locales que evitan las detenciones.

Además de los «dreamers», las nuevas reglas contemplan una serie de excepciones que incluye a los inmigrantes que obtengan una orden de protección contra la deportación, aquellos que después de ser detenidos se averigüe que son residentes permanentes, asilados, refugiados o tienen un permiso válido en el país. También se librarán de la deportación los que obtengan la libertad condicional y aquellos inmigrantes que estén tramitando su asilo en Estados Unidos.

De momento, Kelly ha hecho una interpretación directa de los decretos de Trump. Pero todavía no ha incluido los aspectos más agresivos que se contemplaban en un borrador de esta versión, en el que se proponía que los soldados de la Guardia Nacional participasen en las redadas de los barrios sospechosos de albergar a un alto número de personas indocumentadas.

El Departamento de Seguridad Nacional dispondrá del triple del número de agentes para llevar a cabo las órdenes de deportación, con la contratación de 15.000 nuevos agentes y la construcción de nuevas instalaciones para la detención de los ilegales. También se recuperará el programa digital para cruzar los datos de los detenidos en las cárceles locales con los de Inmigración.

Para evitar el colapso en los tribunales migratorios, Kelly quiere que sus hombres adopten la estrategia de «primero deporta» antes completar el proceso burocrático. Así, los detenidos podrán volver a sus países antes de que se haya formalizado el proceso de expulsión. Es la llamada expulsión en caliente.

En realidad, uno de los mayores objetivos de estas medidas es mandar un mensaje a los menores de Centroamérica que llegan solos, sin sus padres, vía México. Este problema se puso de manifiesto en junio de 2014, cuando McAllen, un pueblo fronterizo de Texas, se convirtió en la zona cero de esta crisis migratoria con la llegada de cientos de miles de niños que huían de las pandillas de Guatemala, El Salvador y Honduras. Según la ley, los menores disfrutan de un trato diferente cuando llegan a Estados Unidos. Tienen que ser reagrupados con sus familias o con otros adultos mientras esperan a que el tribunal revise su caso. Con las nuevas reglas, el jefe del Departamento de Seguridad Nacional advierte de que los pequeños abusan del sistema. «Independientemente de los deseos de reunificación familiar o condiciones en esos países, el tráfico de niños es intolerable», escribe Kelly.

«El odio a los judíos es horrible»

El presidente de EE UU condenó ayer los actos antisemitas después de que más de 100 tumbas de un cementerio judío de la ciudad de St Louis fueran atacadas. «El antisemitismo es horrible. Va a cesar y tiene que cesar», dijo Trump con la intención de zanjar las críticas por su falta de celeridad a la hora de condenar estos ataques antisemitas y ante las acusaciones de albergar a racistas como Steve Bannon en su Gabinete.