Un año de oscuridad en Turquía

Con puño de hierro y guante de terciopelo, Erdogan ha superado el primer año tras la asonada con el envío a prisión o destitución de miles de «traidores» y «enemigos del islam político».

Al sonido de los tiroteos callejeros entre la Policía y los militares sublevados se unió el de los aviones F-16 que sobrevolaron la capital del país, Ankara, y que bombardearon el Parlamento y las instalaciones del Centro Nacional de la Inteligencia Turca. Era la madrugada del 15 de julio cuando vencieron a los militares en la que fue la peor noche para la democracia en la República de Turquía. Los nuevos soldados del islam, los hijos del presidente, Recep Tayyip Erdogan, se echaron a las calles. Acudían a la llamada de su líder, que compareció ante el pueblo por Facetime. Era la sociedad civil más conservadora, los herederos de las primaveras árabes, el otro 50% silenciado durante décadas por las políticas kemalistas, quienes combatieron en pro de la democracia. Aquella noche, 240 personas perdieron la vida y el pueblo turco comenzó a redactar un nuevo capítulo de su historia.

Ha pasado un año desde el fallido golpe de Estado y muchos aún se extremecen al recordar los días que siguieron a la asonada: la caza de brujas. Erdogan señaló a los seguidores de la secta que dirige su ex aliado, el clérigo sufí Fethullah Gülen, autoexiliado en EE UU desde 1998, de dirigir la sublevación militar. Ambos formaron tándem político en 2002 cuando el Partido para la Justicia y el Desarrollo (AKP), que lidera Erdogan, llegó al poder. Juntos limpiaron las instituciones públicas de los funcionarios herederos del kemalismo, los laicos. Sin embargo, la estrecha alianza entre los bandos islamistas se rompió en 2013. Una trama orquestada por Gülen destapó el mayor caso de corrupción de la historia, que salpicó al círculo político más cercano de Erdogan –sus ministros– y a su familia. Tres años después, Erdogan se tomó la revancha.

En el interior de los pabellones convertidos en cárceles improvisadas, en las calles y cuarteles, la confusión dio paso a la locura y ésta a la paranoia. Periodistas, académicos, jueces y fiscales; políticos y activistas dieron con sus huesos en la cárcel sin ninguna garantía social. 365 días después, Turquía es hoy la mayor cárcel de periodistas del mundo: 270 están hoy entre rejas y más de 150 medios han sido clausurados. La purga ha diezmado las capacidades de las instituciones públicas. Más de 140.000 funcionarios han sido despedidos y 40.000 personas acusadas de traición y destinadas al ostracismo profesional y social. El secularismo y la socialdemocracia han desaparecido de la vida pública y cerca de 1.500 grupos civiles han sido obligados a suspender su actividad.

El intento de golpe cuyos detalles claves todavíadesconocemos, supone un pretexto para poner en marcha una política represiva cuya única legitimidad se sostiene gracias al intento y supuesto potencial de un golpe de Estado en el futuro, explica a LA RAZÓN Barish Tugrul, sociólogo y experto en política turca en la Universidad de Hacettepe. Apenas unas horas después de la asonada, el Gobierno de Anakara declaró el estado de emergencia, que un año después se prolonga sine die. «El estado de emergencia ha servido para perseguir a los gulenistas, y también para llevar a cabo una purga contra todos los sectores de la oposición, desde los kurdos hasta los LGBTI, que han sido perseguidos constantamente por los aparatos represivos del Estado. De hecho, ha sido el propio Erdogan quien reconoció cuánto sirve el estado de emergencia para reprimir las huelgas y las actividades sindicalistas», dice Tugrul.

La sociedad turca vive polarizada entre los seguidores y los opositores al presidente. Ejemplo de ello fue el referéndum constitucional celebrado en abril, que supuso la victoria de Erdogan por un mínimo porcentaje del 51,37%. Así es como Erdogan consiguió su ansiada reforma presidencialista, bajo estado de emergencia y con acusaciones de irregularidades por parte de la oposición turca y los observadores internacionales. Según explica Tugrul, «a Turquía sólo le queda la coacción, tanto física como institucional, como arma política. La única forma de no derrumbarse es acallar esas voces diferentes, reprimirlas. Hoy en día ésa es la forma de gobernabilidad en Turquía. Si esto es sostenible o no, es otra cuestión. Si Turquía fuese una democracia liberal, que fue la aspiración de la república kemalista, sería fácil de afirmar que esta estrategia de coacción no es sostenible, pero Turquía hoy es partidaria de un modelo autoritario». Con puño de hierro y guante de terciopleo el presidente ha superado el primer año de una legislatura marcada por un fallido intento del golpe de Estado que le ha permitido señalar a los traidores de la patria, los enemigos del islam político, que ya son muchos: que si la secta gülenista, que si los kurdos, que si los alevíes, que si los laicos... y ahora también una comunidad internacional de la que se aleja a pasos agigantados.

Desde que Erdogan ordenara a los imanes que instaran a la población, desde los minaretes, a inundar las calles como muestra de la derrota de los golpistas, las mezquitas se han convertido en un punto de reunión político. Kemal Kilicdaroglu, líder del principal partido de la oposición –Partido Republicano del Pueblo en el Congreso, CHP– ha subrayado desde entonces que el país vivió el 15 de julio dos intentos de golpe de Estado, uno que fracasó y otro que triunfó. «Si el pueblo pudo parar el golpe saliendo a la calle, también podrá imponer la justicia saliendo a la calle», afirmó Kilicdaroglu la pasada semana.

Sin embargo, como explica a LA RAZÓN Alp Altinörs, ex presidente del prokurdo Partido Democrático de los pueblos HDP, «el estado de emergencia reprime todos los sectores populares, especialmente al pueblo kurdo. La violencia contra las mujeres está creciendo y el Gobierno promociona el machismo». Ésta es la Nueva Turquía del presidente Recep Tayyip Erdogan.