Un escándalo de corrupción salpica a Merkel

Como si de una fila de dominó se tratase, el número de políticos y personalidades públicas acusadas de evasión fiscal no hace más que aumentar en Alemania. La última pieza en caer choca de lleno contra la propia canciller, Angela Merkel y su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU). El tesorero de este grupo político, Helmut Linssen, escondió en 1997 unos 400.000 euros en una empresa fantasma. Así lo desvela la revista «Stern», que apunta a Linssen como presunto autor de fraude fiscal, entre ese año y 2004, por realizar ingresos a través de una cuenta de un banco de Luxemburgo y a nombre de una compañía que servía de tapadera y que tuvo su sede primero en las Bahamas y después en Panamá.

El tesorero ha negado de forma categórica haber evadido impuestos. Incluso en un comunicado emitido tras salir a la luz esas informaciones, Linssen se ha defendido de las acusaciones vertidas contra él y ha asegurado que el dinero procede de una herencia familiar por la que ya había pagado impuestos y de la que no obtuvo ningún beneficio. Sin embargo, tanto el Partido Socialdemócrata (SPD), socio de Merkel en la Gran Coalición, como Los Verdes desde la oposición no parecen creer esa versión y han pedido aclarar las sospechas que pesan sobre Linssen. Las miradas, sin embargo, apuntan a Merkel, quien por el momento no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Una postura que contrasta con la de algunos de sus compañeros de coalición, quienes, ante un supuesto caso tan claro de evasión de impuestos, reclaman explicaciones. «Es por interés de todos responder a todas las cuestiones abiertas», ha llegado a declarar el vicepresidente de la fracción parlamentaria del SPD, Ralf Stegner. Según el semanario «Stern», las autoridades tuvieron conocimiento de la cuenta sospechosa del tesorero de Merkel en el años 2010, gracias a un CD que compró Renania del Norte-Westfalia, Estado federado donde Linssen había ocupado el cargo de ministro de Finanzas. Según la revista, en 2012 se abrió un procedimiento penal contra él, pero no fue inculpado porque, al haberse cancelado la cuenta en 2004, el presunto delito había prescrito, por lo que Linssen sólo tuvo que pagar por los intereses del periodo comprendido entre 2001 y 2005.

A la espera de nuevos datos que aporten más luz a lo sucedido, lo único que está claro por ahora es que el caso de Linssen no es un tema aislado, sino que viene a continuar una serie de presuntos casos de evasión fiscal de políticos o personajes de cierta relevancia en la esfera social germana y, que en los últimos días, han acaparado buena parte de las páginas de los principales diarios alemanes.

Alice Schwarzer, conocida periodista y una de las principales feministas del país, abrió la caja de los truenos al admitir –tras una información publicada por la revista «Der Spiegel»–, la existencia de una cuenta en Suiza con cientos de miles de euros y cuyos intereses y beneficios escondía al fisco. Esta mujer –editora de la revista «Emma»–, llegó a admitir que cometió un «error» al abrir una cuenta en Suiza, pero, a pesar de reconocer que obró mal, anunció que demandará a «Der Spiegel» por violar el secreto fiscal, algo que ha sido muy criticado desde algunos medios de comunicación alemanes. Fue ella misma quien presentó el año pasado una autodenuncia ante el fisco para reconocer que desde los años ochenta mantuvo fondos en Suiza por los que debería a Hacienda alrededor de 200.000 euros. Schwarzer recurría así a una vía que permite a un evasor en Alemania escapar del proceso penal a cambio del pago de la deuda de impuestos con intereses y de una multa.

La izquierda se tira en tromba

También recurrió a la vía de la autodenuncia el presidente del Bayern de Múnich, Uli Hoeness, quien engrosa la lista de evasores fiscales en Alemania y que en marzo se sentará en el banquillo de la Audiencia provincial de Múnich acusado de evasión de impuestos. Sobre él pesa una condena de cárcel por haber evadido impuestos por valor de 3,2 millones de euros.

Suma y sigue. Tampoco los socialdemócratas, compañeros de coalición de Merkel en la actualidad, se han salvado de los escándalos. Esta misma semana, el secretario de Estado de Cultura del Gobierno regional berlinés, Andre Schmitz, ha dimitido por el mismo motivo. El político admitió también un «grave error» que en su caso se cifra en 425.000 euros heredados e ingresados en una cuenta secreta en Suiza. En 2012 lo descubrió el fisco, que le hizo pagar una fianza de 5.000 euros. En total, dice haber satisfecho 22.000 euros que le demandaba Hacienda por los intereses del dinero que ocultó en el país helvético. El proceso penal terminó con esos pagos que, una vez hecho públicos, han forzado la dimisión del responsables de Cultura berlinés y perjudicado, incluso, la popular imagen del alcalde de la capital alemana, Klaus Wowereit.

Con todo, ya sea desde la esfera política o social, éstos casos han puesto en el ojo de mira el tema de la evasión fiscal en Alemania como nunca antes. Algo que no es nuevo o de todas desconocido. De hecho, el Gobierno germano calcula que las arcas del país pierden alrededor de 90.000 millones de euros al año en impuestos a causa de este motivo, pero lo que está claro es que la relevancia y el continuo goteo de evasores ha trasladado a la opinión pública el debate de cómo debe actuar realmente el Gobierno ante estos casos de fraude.