La Justicia argentina cierra el círculo sobre Kirchner

Un juez argentino ha ordenado este jueves el registro de varias propiedades de la expresidenta Cristina Fernández, quien gobernó hasta diciembre, por denuncias de enriquecimiento ilícito, según han informado los medios locales.

A siete meses de dejar el poder, en el que se mantuvo entre 2007 y 2015, la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner atraviesa uno de sus peores momentos. Ayer, decenas de policías registraron varias de sus propiedades en medio de una investigación por su presunta responsabilidad en maniobras de lavado de dinero en posible complicidad con uno de sus hijos. El juez federal Claudio Bonadío, quien ya procesó a Kirchner por disponer operaciones irregulares con monedas extranjeras, ordenó visitar varios de sus inmuebles ubicados en las ciudades de Río Gallegos, El Calafate y El Chaltén, todas ellas situadas en la patagónica provincia de Santa Cruz, bastión político y residencial de los Kirchner, ubicado a 2.500 kilómetros al sur de Buenos Aires.

Las propiedades que inspeccionó la Policía fueron construidas por las empresas Los Sauces y Austral Construcciones. La Justicia puso la lupa sobre el nexo que existiría entre ambas. En Los Sauces, Fernández de Kirchner y su hijo, Máximo, actual diputado, son socios de Lázaro Báez, un empresario que está detenido desde abril acusado de presunto lavado de dinero. Otro de los lugares revisados fue la inmobiliaria Sanfelice, Sancho & Asociados, cuya propiedad se adjudica a Máximo Kirchner. Allí no sólo se concretan operaciones de compra y venta de inmuebles, sino que el hijo de la ex mandataria se reúne con dirigentes políticos.

El pasado 12 de mayo, el fiscal federal Carlos Rívolo pidió la imputación de Fernández de Kirchner bajo la figura delictiva de cohecho. La Justicia sospecha que Lázaro Báez y otro empresario, Cristóbal López, pagaban a la ex jefa de Estado argentino alquileres de viviendas de Los Sauces que luego no ocupaban. Tanto el fiscal como el juez sospechan que ambos lo hacían con dinero obtenid de contratos para construir obras de infraestructura que les había adjudicado el kirchnerismo.

Además de Kirchner y Báez, la Justicia también investiga a Cristóbal López por la presunta evasión de 535 millones de dólares en concepto de impuestos de una empresa de hidrocarburos.

Este lunes la diputada opositora Margarita Stolbizer se presentó en los tribunales para denunciar a Kirchner como integrante de una «asociación ilícita» delito que prevé una pena de cinco a diez años de cárcel. La legisladora aportó fotos y documentos que «dan cuenta del modo irregular en el que se adjudicaba la obra pública a las empresas de Lázaro Báez y cómo, en forma paralela, Cristina Kirchner recibía dinero mediante un acuerdo que tenía la apariencia de un vínculo comercial, pero encubría una promesa, en su condición de funcionario público, para otorgar más obra pública y omitir todo tipo de controles por parte del Estado».

Semanas atrás, el juez Bonadio había ordenado allanamientos a los consorcios que administraban propiedades de la ex presidenta, entre ellos un apartamento situado en el mismo edificio donde funcionaba una empresa financiera que pertenecía a Báez.

Se espera que próximamente otro juez federal, Julián Ercolini, pida levantar el secreto fiscal del que goza la ex mandataria para investigar su crecimiento patrimonial, el de su fallecido esposo y ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007) y el de los hijos del matrimonio, Máximo y Florencia. La causa también involucra a Báez y Cristóbal López.