Una ambiciosa agenda para reformar Francia

El Gobierno presenta esta semana una enmienda de la Constitución para reducir un 30% los parlamentarios.

«Francia no es un país reformable. Muchos lo han intentando y no lo lograron, ya que los franceses odian las reformas». La frase la pronunció el propio Emmanuel Macron el pasado mes de agosto cuando reafirmaba su intención como presidente de llevar a cabo una potente agenda reformista que resituara a Francia en el siglo XXI tras décadas de inmovilismo. De momento, y durante sus primeros diez meses, la reforma laboral ha sido la más destacable. A finales del año pasado el Ejecutivo aprobó mediante una serie de ordenanzas para liberar el mercado laboral.

Desde el Elíseo justificaron en sus propuestas conceder mayor flexibilidad a las empresas en cuanto a la adaptación de la remuneración y horas de trabajo a las condiciones del mercado laboral, debido a que entendían que la ley era un freno a la contratación y la inversión. Las medidas refuerzan el papel negociador de las empresas sobre las condiciones laborales, y limitan las indemnizaciones por despido improcedente para favorecer las contrataciones.

El Ejecutivo ya tiene preparada la reforma constitucional que el primer ministro, Édouard Phillipe, va a presentar esta semana y que preconiza una reducción de un 30% del número de parlamentarios, además de la limitación de sus mandatos y la eliminación de algunas instituciones como el Tribunal de Justicia de la República, una jurisdicción especial para juzgar a miembros del Gobierno por crímenes y delitos cometidos durante sus funciones, y compuesta en parte de parlamentario. El principal foco de resistencia es el Senado, donde Los Republicanos –el partido de la derecha tradicional– son mayoría.

Por otra parte, el Gobierno calienta motores con la reforma de la función pública y la supresión de hasta 120.000 puestos como prometió Macron en su campaña electoral. Prevé medidas –algunas ensayadas durante la Presidencia del conservador Nicolas Sarkozy, entre 2007 y 2012– como la remuneración según el mérito, un mayor recurso a personal externo con contratados temporales y un plan de bajas incentivadas.