España extraditó 94 ciudadanos taiwaneses a China

Taiwán lamenta la decisión de España de extraditar a un centenar de taiwaneses para ser juzgados en China continental

Lamentablemente, 94 ciudadanos de Taiwán que se encontraban detenidos en España desde hace dos años y medio, sospechosos de un delito de estafa telefónica, acaban de ser extraditados a China continental, que los había reclamado para ser juzgados allí. Se trata de ciudadanos taiwaneses que pueden haber cometido un delito, pero que van a ser finalmente juzgados dentro de un sistema que, como bien sabemos por los reiterados informes publicados por organismos internacionales de reconocido prestigio, ha demostrado una continua ausencia de las garantías jurídicas y una preocupante falta de respeto por los derechos humanos fundamentales.

El proceso dio comienzo en diciembre de 2016, cuando se inició en España la llamada «operación Wall», que acabó con la detención de 269 personas, la mayoría de nacionalidad taiwanesa, por un presunto delito de estafa telefónica cometido en territorio español. Después de un largo proceso, la Audiencia Nacional decidió finalmente conceder la extradición de los detenidos taiwaneses a China continental, negándoles de tal manera su verdadera nacionalidad y poniéndoles en manos de un régimen como el de Pekín, de sobra conocido internacionalmente por sus continuas violaciones de los derechos humanos fundamentales, tal y como se nos acaba de recordar con motivo del 30º aniversario de la masacre de la Plaza de Tiananmen.

Desde que la Audiencia Nacional diera el visto bueno a las extradiciones, los ciudadanos taiwaneses han ido siendo trasladados a China continental lo más discretamente posible, tratando de no llamar la atención ni despertar las protestas de las organizaciones pro derechos humanos de todo el mundo. Sin embargo, esta última operación conjunta que ha enviado de golpe a 94 taiwaneses a China continental es la extradición a escala más grande en un caso de este tipo que se produce desde un país europeo a Pekín, y marca un serio precedente nada alentador para la defensa de valores universales (libertad, democracia, derechos humanos), y como lo son la existencia de garantías jurídicas necesarias en todo procedimiento judicial y, sobre todo, el respeto por los derechos humanos de las personas detenidas por estas causas o cualesquiera.

En una actuación que bien puede calificarse cuando menos de incomprensible, el Gobierno taiwanés no ha sido informado de tal movimiento, y ello pese a que desde la Oficina representativa de Taiwán en España se ha solicitado reiteradamente la necesidad de recibir información sobre las extradiciones con anterioridad a su ejecución, así como de las identidades de los ciudadanos que fueran a ser enviados a China continental. Se trata de una exigencia necesaria para poder prestar la atención debida a los familiares de los detenidos, quienes con todo el derecho que les asiste reclaman estar al tanto del proceso que se sigue contra los sospechosos y que en lo sucesivo, con estos ya en China continental, van a verse abocados con total seguridad a una absoluta desatención.

Y todo ello con el agravante de la existencia de conocidos y reiterados informes de medios de comunicación y organismos de reconocido prestigio, como Amnistía Internacional, que denuncian la continuada ausencia de garantías jurídicas en China continental, y después de que diferentes expertos en derechos humanos de la ONU, en referencia a este caso, hayan instado a España a suspender las extradiciones y hayan mostrado su preocupación por la falta de garantías procesales y la posible exposición de los detenidos a torturas, malos tratos o, en general, violaciones de derechos humanos. Precisamente, en una de las manifestaciones más multitudinarias de la historia de Hong Kong, un millón de personas se acaban de echar a la calle allí protestando en contra de una ley que China continental pretende aprobar para extraditar a fugitivos desde la ex colonia británica a Pekín, lo cual demuestra la preocupación internacional, sobre todo en Taiwán, ante la falta de respeto por las garantías y por los derechos humanos del sistema jurídico chino.

Desde Taiwán mostramos nuestro rechazo y disconformidad con que la mayor parte de los ciudadanos taiwaneses en su día detenidos en España estén ya, a causa de una incomprensible carambola judicial fundamentada en motivos meramente políticos –como es la falta de reconocimiento del Gobierno de Taiwán por parte de España– en manos de la justicia de China continental, precisamente en el marco de 30º aniversario de la masacre de Tiananmen. Pero también queremos expresar nuestra seria preocupación por la suerte que estos puedan correr allí y nuestra profunda decepción por la manera en que se ha llevado a cabo esta última extradición y su resultado final.