Santos afronta una tormenta política por el pacto con las FARC

El presidente colombiano y la guerrilla se comprometen a firmar la paz definitiva en seis meses mientras arrecian las críticas porque no habrá cárcel para los delitos de lesa humanidad

El Gobierno colombiano y las FARC se han comprometido a alcanzar un acuerdo final antes del 23 de marzo de 2016. Éste fue uno de los anuncios clave de la histórica reunión del miércoles en La Habana entre el presidente Juan Manuel Santos y el líder de la guerrilla, Rodrigo Londoño, alias «Timochenko», en la que se vio la primera imagen pública del jefe guerrillero sin uniforme de soldado, vestido con guayabera. La justicia que se aplicará a los criminales con delitos de sangre ha sido el otro nudo gordiano del proceso de paz que se negocia en Cuba desde noviembre de 2012. En este sentido, ambas partes han acordado introducir penas restrictivas de libertad de entre cinco y ocho años a los autores de crímenes de lesa humanidad y genocidio siempre y cuando éstos confiesen sus delitos y acepten reparar económicamente a las víctimas.

Esta justicia transicional se aplicará no sólo a los guerrilleros y ex terroristas de las FARC sino también a militares, otros agentes del Estado, financiadores o colaboradores de otros grupos armados ilegales. La condición básica para quedar bajo el amparo de esta justicia especial que avanzaría hacia el postconflicto es que todos los responsables de delitos de sangre tienen que admitir previamente sus delitos. A partir de ese momento, quedarán sometidos a una Jurisdicción Especial para la Paz de nueva creación, con salas de justicia y un tribunal específicos y con jueces colombianos y una participación minoritaria de magistrados extranjeros.

El acuerdo no contempla penas de cárcel para ningún criminal y sí incluye una amnistía para los autores de delitos políticos y «conexos», concepto en el que se incluirían los delitos relacionados con el narcotráfico. Según el fiscal general, Eduardo Montealegre, hasta 15.000 miembros de las FARC, autores de 38.000 crímenes de guerra y de lesa humanidad, podrían ser indultados. Además, se cierra la posibilidad de cualquier extradición de los guerrilleros a Estados Unidos, donde tienen abiertas varias causas relacionadas con el mercado de la droga. El nuevo pacto anunciado en La Habana estipula que los guerrilleros dejarán las armas en un plazo máximo de sesenta días una vez firmado el documento final, si bien no serán entregadas a las autoridades ni destruidas.

Todos los observadores coinciden en señalar que este acuerdo implica un punto de no retorno que acerca el final del conflicto más antiguo de América Latina. Pero antes el Gobierno de Santos tiene que salvar varios obstáculos. El principal será la posible refrendación del pacto definitivo, si bien las FARC piden que se haga mediante una Asamblea Constituyente. Si se hace mediante un referéndum preguntando a los colombianos si aceptan el texto de paz, es posible que gane el «no». El 81% de la población quiere cárcel para los jefes guerrilleros, algo que no reconoce lo firmado en La Habana hace dos días. También existe una corriente contraria a que los miembros de las FARC puedan participar en la política colombiana desde los escaños del Congreso.

Pero antes de llegar hasta el último paso del proceso de paz, el Gobierno deberá hacer frente a las críticas del principal partido de la oposición, el Centro Democrático, fundado por el senador y ex presidente Álvaro Uribe, que considera que el pacto promueve la impunidad para los terroristas, genera más violencia y equipara a la sociedad con la guerrilla. Uribe no está sólo. El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, criticó ayer que las penas no pueden ser simbólicas sino que «deben ser proporcionales a la gravedad del crimen». Más tibio, pero con el dardo en la mano, el ex presidente Andrés Pastrana lamentó que los militares y policías «sean tratados de la misma forma y con los mismos parámetros que quienes asesinaron, secuestraron y causaron tanto dolor». Los militares también mostraron desdén a lo pactado: « No nos pueden meter en el mismo saco que a los terroristas a los que hemos combatido estos 50 años», dijo el ex general Jaime Ruiz Barrera, presidente de ACORE, la asociación que más militares agrupa en Colombia.

En este contexto de polarización y cansancio social ante un proceso negociador que se prolonga tres años, en el país no son pocos los que piensan que el principal enemigo del Gobierno para firmar la paz no está en Cuba, sino que reside en Colombia y está personificado en todas las fuerzas que consideran que la apuesta de Santos con la guerrilla genera impunidad y no servirá para reparar a las víctimas de una guerra en la que han muerto 220.000 personas en 50 años (la mayoría civiles) y ha provocado cinco millones de desplazados. Antes de que se acaben de negociar los puntos restantes (desarme, refrendación y verificación del acuerdo), el Gobierno podrá medir la opinión del electorado en los comicios regionales del 25 de octubre.

Pese al avance sellado el miércoles con un apretón de manos entre Santos y «Timochenko», nadie cree en Colombia que la paz llegará sólo con la firma de un documento.

Claves del acuerdo sobre justicia

- Creación de un tribunal especial para juzgar a los autores de delitos graves con magistrados elegidos por el Gobierno y las FARC.

- Amnistia para los responsables de delitos políticos y «conexos», que podría incluir los relacionados con el narcotráfico.

- Restricción de libertad, sin penas de cárcel, para los condenados y trabajo comunitario a favor de las víctimas.

- Justicia para todas las personas relacionadas con la guerra, no sólo los guerrilleros. El tribunal juzgará por tanto a militares, policías y otros agentes del Estado.

- Perdón. Los criminales tienen que reconocer su daño , contar la verdad y comprometerse a no volver a repetir sus crímenes para beneficiarse de la justicia transicional.