265 municipios andaluces, sin PGOU adaptados a la ley

Ecologistas avisa de que «existen unos 450 planes urbanísticos» en tramitación que, de aprobarse, podrían acabar anulados por los tribunales y exige a la Junta menos «secretismo»

¿Cuántos municipios andaluces cuentan en la actualidad con la aprobación definitiva de sus planes generales de ordenación urbana (PGOU), instrumentos básicos para la ordenación integral de esos núcleos locales? El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, José Fiscal, ha contestado a esa pregunta vía respuesta parlamentaria escrita. Según ésta, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento Andaluz (BOPA) número 151, son 513 los municipios de la comunidad que se benefician ya de «instrumentos de planteamiento general adaptado a la LOUA –Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía–, teniendo los mismos la consideración legal de PGOU». De acuerdo con esa norma, éstos son los encargados de establecer, «en el marco de los Planes de Ordenación del Territorio, la ordenación urbanística en la totalidad del término municipal y organizan la gestión de su ejecución, de acuerdo a las características del municipio y los procesos de ocupación y utilización del suelo actuales y previsibles a medio plazo».

La distribución territorial de los que sí lo están pasa por 45 en la provincia de Almería, 41 en Cádiz, 58 en Córdoba, 95 en Granada, 61 en Huelva, 63 en Jaén, 58 en Málaga y 92 en la provincia de Sevilla, a la luz de lo detallado por Fiscal.

El mapa regional está conformado por 778 localidades, por lo que, de lo expuesto por el consejero se infiere que 265 aún no tienen esos planes de ordenación, ligados por los promotores a la seguridad jurídica. En otras palabras, el 34 por ciento de los municipios andaluces carece de PGOU adaptado a la ley autonómica. A ello se suma que, como recuerda el responsable de Urbanismo de Ecologistas en Acción en la comunidad, Juan Clavero, «existen unos 450 planes urbanísticos, entre parciales y PGOU como el de Chiclana (Cádiz), que se encuentran en tramitación, y no se han sometido a la Evaluación Ambiental Estratégica, en contra de lo que prescribe una directiva europea y la normativa estatal», por lo que, a juicio de esta organización, «no se pueden aprobar». Es más, avisan de que si se les da el visto bueno, «pueden ser anulados por los tribunales si alguien los recurre, porque ya hay precedentes», sostiene Clavero. De hecho, recuerda a este periódico que recientemente el Supremo ha declarado nulo el PGOU del municipio malagueño de Marbella, entre otras cuestiones, porque no cumplía la exigencia de la directiva europea sobre evaluación medioambiental y carecía de un informe de sostenibilidad económica. «La Junta no sabe qué hacer –desliza el responsable ecologista de Urbanismo–. Están paralizados porque no quieren empezar desde el principio, pero no queda otra», afirma convencido.

De otro lado pero sin dejar el urbanismo, el consejero defiende en otra respuesta parlamentaria que el estado de las Comisiones Provinciales de Coordinación creadas a través del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, «es plenamente operativo». De acuerdo a la información aportada por la Junta «han celebrado 69 sesiones», en las que se han gestionado «187 instrumentos de planeamiento general». De ellos, 109 cuentan ya «con informes emitidos» y los 68 restantes «están en tramitación» y los tendrán «en breve». Todo ello, expone Fiscal, sin gasto extraordinario alguno, dado que «la comisión funciona con los medios propios de la Administración de la Junta». En relación a esos órganos, Ecologistas lamenta que «casi nadie externo pueda confirmar lo que dice el consejero precisamente porque solo ellos, el Ejecutivo andaluz y los ayuntamientos, saben cómo funcionan». Esto es así, se explican, porque en los 90 cambiaron la normativa y «expulsaron» a las «organizaciones sociales –promotores, empresarios, sindicatos, ecologistas y otros entes como los colegios de arquitectos–», que entonces participaban incluso «en las reuniones técnicas previas», apunta la responsable de Comunicación de Ecologistas en Andalucía, Lola Yescas, quien, de hecho, estuvo en ellas. «Hoy sólo hay representantes de la Administración, así es que hacen y deshacen como a ellos se les antoja», lamenta, para añadir: «Ya no sabemos ni cuándo se convocan las comisiones y, mucho menos, lo que se trata en ellas». Para Yescas, «la Junta quita transparencia y participación, pero hace leyes de transparencia y participación», ironiza. Ecologistas reclama «que se acabe con el secretismo» y que «cambien la tónica en esos órganos», así como, «la mala aplicación de la normativa regional para planes y programas urbanísticos».