Acelerón a unas cuentas que no despejan las 35 horas

El Gobierno andaluz adelanta los plazos y dará luz verde el próximo martes al Proyecto de Ley de Presupuestos de 2018 acordado con Cs

La Junta de Andalucía ha acelerado los plazos para poder presentarse como la primera comunidad de España en aprobar unas cuentas para 2018, a las que Ciudadanos ya ha avanzado su voto favorable al incluir su demanda de eliminar el impuesto de sucesiones a todas las herencias de hasta un millón de euros. La jefa del Ejecutivo autonómico anunció ayer en el pleno del Parlamento que el Consejo de Gobierno dará luz verde en la reunión del próximo martes al Proyecto de Ley de Presupuestos para que éste inicie su tramitación en la Cámara andaluza.

El Ejecutivo andaluz se adelanta de este modo a la fecha tope que por ley es el 31 de octubre. Se han cumplido todos los trámites previos, ya que ayer mismo se reunió el Consejo Consultivo para emitir su dictamen, no hay ninguna incertidumbre sobre la mayoría parlamentaria para aprobarlos y tanto Ciudadanos como la Junta están en disposición de aprovechar el contraste entre Andalucía y la profunda inestabilidad generada a partir del desafío secesionista en Cataluña. Tal es así que la cuestión catalana ha provocado que el Consejo de Ministros posponga la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que siguiendo los plazos legales deberían haber iniciado la tramitación en las Cortes como fecha tope el 30 de septiembre. Ahora el Ejecutivo central baraja incluso una prórroga presupuestaria para que el debate de las cuentas del Estado no se solape con la crisis generada por el referéndum catalán.

La falta de Presupuestos Generales del Estado no condiciona, en cualquier caso, el Presupuesto andaluz, según respondió Susana Díaz a una pregunta del líder de Cs en Andalucía, Juan Marín. Sobre todo, porque la Junta dispone de dos cifras esenciales: el techo de gasto y las entregas a cuenta que recibirá del Estado y que por cierto suben en 311 millones de euros una vez descontado lo que el Ejecutivo andaluz deberá dedicar al cumplimiento de déficit que es del 4 por ciento. Peor fue la situación el año pasado. El hecho de que el Gobierno central estuviera en funciones provocó que la Junta tuviera que elaborar las cuentas prácticamente a ciegas. Esto es, sobre una estimación de lo que le correspondería de entregas a cuenta, que suponen un 75 por ciento del ingreso no financiero.

Ahora bien, no todas las equis presupuestarias están despejadas. Hay una muy importante en el horizonte: la jornada laboral de los funcionarios. El Tribunal Constitucional le ha dado al Gobierno cinco días para que se pronuncie sobre la suspensión cautelar de las 35 horas que la Junta aprobó por decreto –y contraviniendo un real decreto estatal– en enero. El portavoz de la Junta, Juan Carlos Blanco, aseguró el martes que «el presupuesto contempla partidas para que la plantilla siga organizándose en función de esas 35 horas». Sin embargo, es llamativo que, tal y como avanzó LA RAZÓN, en el «borrador» de los Presupuestos no se hace ninguna alusión a la organización de la jornada laboral ni tampoco hay una asignación presupuestaria concreta para dar cumplimiento a este compromiso. Así que la Junta se mueve en una suerte de vacío legal que puede afectar a 7.000 empleados que han sido contratados en educación y sanidad –según el argumento del propio Ejecutivo andaluz– por la reducción de la jornada que hasta enero era de 37 horas y media. Está por ver qué decide el Gobierno y si finalmente hay alguna alusión en el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta.

Este asunto fue de hecho uno de los principales ejes del debate entre Díaz y el presidente del PP-A, Juanma Moreno. Díaz emplazó al dirigente popular a que llame a Rajoy y al ministro Montoro para que levanten la suspensión cautelar. Moreno, sin embargo, denunció que es la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, la que está «boicoteando el diálogo con el Gobierno». «¿Lo está haciendo por una orden de la presidenta de la Junta o es que se lo ha pedido Pedro Sánchez?».

Díaz, en definitiva, proyectó la sesión plenaria para «vender» la estabilidad presupuestaria. Se lo puso en bandeja el portavoz de Ciudadanos, Juan Marín, en una intervención que fue más una felicitación del acuerdo que una pregunta de control al Gobierno propiamente dicha. La envolvente acabó de redondearla el portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, quien de nuevo desplegó la alfombra para que Díaz ponderara las virtudes de las cuentas que están a punto de salir del horno.

La falta de empatía entre la presidenta de la Junta y la líder regional de Podemos, Teresa Rodríguez, es un asunto incurable. Ayer fue también el tramo más bronco del debate y tuvo una coda final que acabó en bronca. Susana Díaz le afeó a Teresa Rodríguez en su turno de dúplica –cuando ya no tienen la oportunidad de replicar los líderes de la oposición– que cobraba más que ella pese a la parquedad de su trabajo. Estaba reciente el pleno del miércoles en el que Rodríguez defendió una iniciativa de su partido para reducir las indemnizaciones por gastos de representación y las cesantías. La portavoz de Podemos tuvo un conato de insumisión al querer responder por alusiones. Finalmente se atemperaron los ánimos. En un pasaje del debate, Susana Díaz le espetó que ella no es una «revolucionaria de salón».

La Junta de Andalucía no ha pagado ni un euro de la línea de 41,5 millones para autónomos que anunció la Junta y que se concretó en una orden de convocatoria de diciembre de 2016. El dato lo avanzó en el pleno de ayer el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo. «Usted pasa por Andalucía como quien va en autobús o como los viajeros románticos del siglo diecinueve», le espetó a Susana Díaz, a quien afeó el escaso pulso del Ejecutivo autonómico para ayudar a un colectivo que supone casi el 18 por ciento del total de afiliados a la Seguridad Social. Ésta es una de las líneas preferentes de ayudas a autónomos, y está destinada tanto para nuevos emprendedores como al mantenimiento de negocios. En principio iba a beneficiar a 18.000 personas.

El líder de IULV-CA reclamó asimismo una banca pública para agilizar la inyección de crédito y liquidez a los sectores productivos. Esta banca pública era de hecho una de las principales iniciativas que se quedó en el cajón en el Gobierno de coalición entre Izquierda Unida y el PSOE. «Este gobierno es pura propaganda y humo», deslizó Maíllo, al tiempo que añadió que si la Junta no aprueba un decreto para desarrollar la banca pública o la habilita vía presupuestos, su formación la reclamará en el debate de las cuentas.

«No estoy a favor de la banca pública, sino de un instituto de crédito», respondió Susana Díaz, quien se manifestó en contra de «esa visión soviética de la economía». Maíllo, por su parte, describió la debilidad de un sector en el que el 80 por ciento está compuesto por un solo asalariado.