Acusan a la Junta de «consentir» que no se cumplan sus pliegos

CGT le exige explicaciones por permitir que la concesionaria del 112 no dote al personal del vestuario contratado

Cambiar lo que sí importa aunque a priori pueda parecer menor. Rectificaciones. Eso es lo que busca el secretario general del sindicato CGT en Andalucía, Miguel Montenegro, quien ha hecho llegar a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta un escrito en el que demanda explicaciones sobre «el consentimiento tácito que se viene produciendo por su parte, para que Ferrovial Servicios, actual concesionaria del servicio de emergencias del 112 en la comunidad, incumpla el pliego de condiciones y no dote de la uniformidad reglamentaria a las plantillas».

En el documento, consultado por LA RAZÓN, la organización sindical recuerda al Gobierno autonómico que «la dotación de la uniformidad y el tipo de la misma viene recogido en el pliego de prescripciones técnicas para el desarrollo del servicio que salió a licitación pública» y cuya cobertura «fue adjudicada a la mencionada mercantil». Del ámbito de los trabajadores explican a este periódico que la empresa les ha hecho entrega «por todo uniforme de dos polos blancos y un forro polar», con lo que, «si tienes frío en la Sala ahora por el aire acondicionado, te tienes que poner obligatoriamente el polar, sea o no de tu talla, en Andalucía», deslizan. Para Montenegro lo realmente grave es que «se está permitiendo a la empresa incumplir el pliego en este punto, pese a que el Parlamento autonómico también ha pedido a la Junta que vigile el servicio de gestión telefónica del 112, lo que podría llevar a que lo haga en otros». Y no se le escapa que «en este caso concreto supone un ahorro porque no ha entregado la ropa que debía a unos 700 trabajadores ni a la gente de la bolsa, lo que implica un dinero», sostiene. Desde CGT advierten a la Junta de que seguirán velando por que ejecute su deber de «hacer cumplir los contratos contraídos con entidades privadas con ánimo de lucro», sobre todo, si «se trata del uso irregular consentido del dinero de los contribuyentes andaluces para financiar servicios públicos esenciales sin que se exija a la empresa adjudicataria el cumplimiento íntegro de las condiciones de la licitación» de la que resultó merecedora.