Acusan a Manos Limpias de copiar a Alaya y piden que se le imponga una fianza

La estrategia podría dejar fuera su recurso contra el auto de Martín y al propio sindicato.

Manos Limpias ha logrado mantenerse como acusación popular en el «caso ERE», pese a la reciente operación judicial contra ese sindicato y Ausbanc por presunta extorsión que acabó con sus dirigentes en la cárcel. Pero el abogado Juan Carlos Alférez ha elevado al juzgado que lo instruye un escrito que podría significar que la entidad se quede de facto fuera de la «macrocausa».

En el afilado texto, el letrado recuerda que Manos Limpias «ha venido ejercitando sus derechos como acusación popular sin imposición de fianza» desde el inicio de las diligencias previas hasta el cierre de la rama política de la causa con un auto del juez Álvaro Martín en el que señaló de forma definitiva a 26 ex altos cargos de la Junta y exculpó a otros 24. Resolución recurrida por la organización sindical para que se «reimpute» a 15. Es en este momento procesal en el que el abogado cree que se debe «reevaluar la situación», dado que la posición que a partir de ahora adopte Manos Limpias podría causar «graves perjuicios» a sus clientes, si al final se dicta una sentencia absolutoria o un auto de sobreseimiento parcial a su favor, como ya ha ocurrido con uno de ellos, incluido en el listado de los investigados que se han caído en la mencionada pieza.

El abogado, consciente de que aún no se ha dicho la última palabra para que esta historia comience a ser historia para algunos, advierte en su escrito al juzgado del «literal corta-pega» de la exposición razonada que Mercedes Alaya –jueza que arrancó el caso– elevó hace casi dos años al Tribunal Supremo (TS) contenido en el recurso de apelación directa del sindicato. Usan en él «argumentos jurídicos y fácticos» del mencionado documento, como ha comprobado este diario, pese a que, a juicio de Alférez, han quedado «completamente desfasados» al haber sido «plenamente superados» por las «diligencias refutatorias» que han llevado al instructor a sobreseer parte de las actuaciones para algunos implicados. Por ello, apoyado en jurisprudencia emanada del TS, solicita al juzgado que imponga al sindicato una «fianza bastante» y acorde con «los perjuicios de los que habría de responder ante el supuesto de eventuales sobreseimientos y absoluciones». Pide además que se suspenda la tramitación de su recurso contra el auto de Martín mientras éste decide y que, de hacerlo positivamente, se fije un plazo para materializar el depósito «con las advertencias expresas de decaimiento de su recurso en caso de no imposición». Es previsible, dada la situación económica de Manos Limpias, que si le imponen una fianza elevada no pueda afrontarla y si sucede antes de que se curse su recurso, éste quedará fuera. La repetición de esta estrategia en el resto de piezas, podría sacar en la práctica al sindicato de los ERE.