Alaya abre un nuevo frente entre los socios de gobierno PSOE-A y Cs

La primera instructora del «caso ERE», Mercedes Alaya, ha provocado una nueva grieta en la relación entre los socios de legislatura PSOE-A y Ciudadanos (Cs). El presidente de este último partido, Albert Rivera, avanzó a primera hora de la mañana de ayer que pedirán «explicaciones» al Gobierno andaluz por las presiones que la magistrada dice haber sufrido por parte de la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

Rivera desveló haber hablado con el portavoz parlamentario de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, e insistió en que su formación reclamará explicaciones porque «es muy grave la acusación», reiteró en Antena 3, haciéndose eco de una entrevista que la jueza ha concedido a ABC, en la que denunció falta de independencia del poder judicial, afirmó que le «quitaron» la instrucción de las «macrocausas» por «miedo» a que siguiera investigando los cursos de formación, lo que «no interesaba» ni al PP y ni al PSOE; y señaló «presiones internas» del TSJA, así como políticas, «entre ellas las de Alfonso Guerra y la Junta». Algo más tarde, el parlamentario andaluz de Cs Sergio Romero matizó que preguntarán por el asunto en la comisión parlamentaria de Presidencia y dejó claro que también interpelarán a los populares. «Vamos a ser muy exigentes con las declaraciones» tanto de los socialistas como de los populares.

Desde el PSOE-A, por su parte, el secretario de Organización de ese partido, Juan Cornejo, tildó de «inaudito» y de algo sin «precedentes» los pronunciamientos de Alaya y negó «rotundamente» la existencia de un acuerdo político con el PP para que no siguiera investigando los cursos de formación. Según relató Cornejo, a su formación le ha «sorprendido» que una jueza haga las declaraciones que ha hecho. «Lanza acusaciones contra todo y contra todos, contra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), contra el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), contra compañeros jueces, contra partidos políticos y contra instituciones como la Junta de Andalucía», resumió. En lo relativo a las presiones, el dirigente socialista anotó que será el CGPJ el que tenga que pronunciarse y emplazó a todos, «incluidos jueces y juezas», a mantener «el mismo respeto por las decisiones en los procesos judiciales» que, según Cornejo, han tenido su partido y su líder y presidenta del Ejecutivo autonómico.

Otro de los aludidos, el PP-A, también desmintió palabras de la magistrada. En concreto el presidente de esa formación, Juanma Moreno, aseguró que ésta, «evidentemente, jamás ha pactado, jamás ha acondicionado nada, jamás ha llegado a ningún acuerdo para que no se investigue» y sí, en cambio, se ha dedicado «precisamente a intentar poner luz en las causas que hay abiertas» en la Justicia que afectan a la región. Desde Córdoba, Moreno puntualizó que, «otra cosa» diferente es, a su juicio, lo que ha hecho el PSOE: «Obstaculizar muchas veces las investigaciones judiciales, no informar y no aclarar». De hecho, los populares registraron por la tarde dos iniciativas en la Cámara para que la Junta aclare las presuntas presiones: una para que la consejera de Justicia, Rosa Aguilar, las dé en comisión y otra para que el Gobierno regional las ofrezca en el Pleno.

La catarata de reacciones a la entrevista de la ex instructora del «caso ERE», en pleno juicio de la pieza política de éste que afecta a los ex presidente Manuel Chaves y José Antonio Griñán, no quedó ahí. El secretario de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez, criticó el papel que juegan algunos partidos políticos para «desarticular el esclarecimiento de la verdad» en los casos de corrupción y advirtió de «la impunidad» en la que se han posicionado, lo que, a su entender, representa un «tremendo error» para unas generaciones de jóvenes que «se están educando en que la corrupción es normal». Por otra parte, el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, mantuvo que Díaz sólo tiene dos opciones ante las acusaciones de Alaya, o desmentirlas «categóricamente» o «se tendrá que ir». Por último, desde el ámbito del poder judicial, el vocal del CGPJ José Macías Castaño consideró que debe ser la jueza la que tiene que valorar si sus manifestaciones benefician o no el trabajo que ha venido realizando y a la que le corresponde valorar qué es lo que ha dicho y la oportunidad de hacerlas.