Alaya acusa a un ex alto cargo de Griñán de un papel «activo» al falsear cuentas

La declaración del director general de Presupuestos (2002-2009) Antonio Lozano, al que el ex presidente Griñán hizo viceconsejero de Presidencia hasta que el pasado viernes lo cesó el nuevo Gobierno de Susana Díaz, se preveía tensa. No fue por tanto una sorpresa que su letrado, que ya había atacado duramente a la juez cuando acudió a sede judicial el ex interventor general, tratara de zancadillear la toma de declaración. A la octava pregunta, el ex alto cargo y su abogado recogieron las maletas, después de que la magistrada le dijera incluso al letrado de Lozano, José María Mohedano, que estaba montando un «teatro».

Primero la defensa pidió que se pospusiera la declaración hasta que la Audiencia provincial resolviera el recurso interpuesto contra la imputación, que Alaya sustanció ayer en los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Después reclamó, también sin éxito, que se grabara la declaración. A los 20 minutos de entrar en la sala pidió un receso para poder estudiar la estrategia con su defendido tras conocer los hechos imputados, a lo que tampoco accedió la juez. La siguiente reclamación fue la posibilidad de dictar directamente las respuestas a un funcionario. Alaya se negó y Lozano amagó con no declarar. Finalmente comenzó la declaración pero la magistrada tuvo hasta que llamarle la atención al letrado porque estaba tocando constantemente la chaqueta de su defendido para indicarle lo que tenía o no tenía que decir.

Hasta aquí el «atrezzo» de una atropellada declaración en la que lo realmente importante son las graves irregularidades que la magistrada señaló al ex alto cargo a las órdenes de Griñán cuando éste estuvo al frente de la Consejería de Economía y Hacienda.

La juez le acusó de permitir las transferencias de financiación, la fórmula irregular que está en la base de todo el desmán contable del que avisó en reiterados informes la Intervención General; y las modificaciones presupuestarias para engordar el «fondo de reptiles». La transferencia de financiación sólo podía usarse para cubrir gastos de funcionamiento interno del IFA/IDEA. Sin embargo, este ente instrumental utilizó ilegalmente las abultadas transferencias para pagar ayudas sociolaborales y subvenciones a empresas. Un proceso que escapaba al control en profundidad de la Intervención, tal y como recordó ayer la juez.

«Parece pues que lo que se pretendía por el inculpado, en connivencia con otros, era conseguir un sistema fácil para la concesión de ayudas sociolaborales, de forma que bajo el argumento de la agilidad y de la paz social, se otorgaran las citadas subvenciones de espaldas a la Intervención y a cualquier control, vulnerando los principios de objetividad, libre concurrencia, publicidad, transparencia, igualdad y no discriminación».

Para la juez, Lozano tuvo un papel activo. En este sentido, señala: «Es más, para que este sistema de transferencias de financiación funcionara, el señor Lozano participaría activamente en alterar la realidad presupuestaria, concretamente en el presupuesto del IFA, simulando la existencia de unos gastos en la cuantía necesaria para equilibrar los ingresos recibidos mediante las transferencias de financiación (...). Con ello se evitaba que en el presupuesto de explotación del IFA aparecieran altos beneficios haciendo imposible teóricamente el uso de las transferencias de financiación, pues las mismas estaban destinadas a cubrir pérdidas».

El ex director general de Presupuestos, según la juez Alaya, «ordenó ilicitamente, de acuerdo con otros, la inclusión en el anteproyecto de la Consejería de Empleo de la partida indebida de transferencias de financiación al IFA», sustituyéndola por la fórmula de la subvención excepcional que es la que aconsejaba la Intervención General y es la que se utilizaba antes de que se pusiera en marcha el «fondo de reptiles». Esto supone, en palabras de la juez instructora, «permitir el incumplimiento flagrante de la Ley General de Subvenciones y normativa concordante como la Ley General de Hacienda Pública».

La irregularidad que provocaba la fórmula de las transferencias de financiación «era indiciariamente conocida por el inculpado. Entre otras razones, por la reunión anual de técnicos en la que participaba y que se producía cada año con carácter previo a la elaboración del Anteproyecto del Presupuesto».

Recuerda asimismo la juez que durante el tiempo en el que Lozano estuvo al frente de la Dirección de Presupuestos, se produjeron hasta 12 modificaciones de crédito que se elevaron a más de 57 millones de euros. Es lo que el ex interventor denominó «cebar la corrupta partida de los ERE» para referirse a las propuestas de modificación de crédito que elevó Griñán al Consejo de Gobierno. El grueso de la inculpación que hizo ayer Alaya a Lozano es, de hecho, extrapolable al ex presidente andaluz, responsable último de las decisiones de su subordinado.