Alaya decreta el secreto parcial del caso formación ante la «gravedad» del fraude

El auto de la juez, al que ha tenido acceso Efe, justifica el secreto parcial durante un mes ante la «gravedad» de las «bolsas de fraude» que ha detectado en los consorcios y «entramados empresariales» del sector.

La juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha decretado el secreto parcial del caso que instruye sobre las ayudas a la formación de la Junta de Andalucía ante la "gravedad"de las "bolsas de fraude"que ha detectado en los consorcios y "entramados empresariales"del sector.

El auto de la juez justifica el secreto parcial durante un mes para que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil complete sus investigaciones y se eviten manipulaciones, pérdida o destrucción de indicios o fuentes de prueba.

La instructora explica que existen varias "bolsas de fraude", una de ellas relacionada con "entramados empresariales beneficiados"con "importantes"subvenciones, algunos de cuyos empresarios tenían relaciones con cargos de la Administración.

También detecta "fraudes en los Consorcios entre administraciones", que recibían subvenciones de la Consejería de Empleo a través del procedimiento de la concurrencia no competitiva, lo que planteaba dudas a la Cámara de Cuentas, recuerda Alaya.

Para llegar a estas conclusiones, la juez ha tenido en cuenta las declaraciones ante el juzgado y la Guardia Civil del testigo protegido Teodoro Montes, anterior responsable de formación ocupacional de la Junta, y las declaraciones en sede policial de funcionarios de la dirección general de Formación Profesional para el Empleo.

También ha usado la documentación de la dirección general y de la Intervención General sobre los expedientes de reintegros de ayudas a la formación concedidas así como el informe de la Cámara de Cuentas de mayo de 2014 que mencionaba presuntas irregularidades con las "importantes subvenciones"concedidas a empresas y fundaciones.

Entre ellas, la juez cita las ayudas otorgadas a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), ya desaparecida y sobre la que la juez preguntó a Montes si financiaba al PSOE, para "la supuesta formación de extrabajadores"de Delphi y su contratación.

El acuerdo para recolocar a estos trabajadores, firmado en 2007 entre la Junta y los sindicatos, incluía destinar a formación 35,9 millones de euros en siete subvenciones, en las que hay "importantes irregularidades", y para contratación se dieron ayudas de 70 millones a varias empresas, precisa la juez.

En la causa también existe un informe con presuntas irregularidades en la aplicación de los fondos de formación para subvencionar relaciones laborales simuladas entre extrabajadores de Delphi y las empresas beneficiarias.

Además, la juez cita un informe de la Cámara de Cuentas publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 25 de abril de 2013 en el que se pone de manifiesto que el procedimiento del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para conceder las ayudas a los consorcios "incumplía todas las condiciones y requisitos que contiene la fase de instrucción".

También ha tenido en cuenta que el director general de Formación nombrado en octubre de 2013, Carlos Cañavate, dijo en sede policial que cuando tomó posesión del cargo había 950 millones de euros sin justificar en subvenciones para acciones formativas.

Respecto a la Faffe, la juez recuerda que se creó en 2003 como fundación privada y con el titular de la Consejería de Empleo como presidente, y subraya que llegó a convertirse en un instrumento de la Administración y del SAE "de dimensiones extraordinarias", con miles de empleados que cobraban sueldos muy elevados respecto a los de otros departamentos públicos.

La FAFFE solo se financiaba con subvenciones del SAE y en ellas había "graves irregularidades"respecto a su justificación, como las de Delphi y otras dos nominativas en 2009 y 2010 por 49,8 millones de euros, apunta Alaya.

En otro auto, la juez pide la fecha de apertura, titularidad y personas autorizadas en las cuentas corrientes de la Faffe para hacer un estudio del flujo de dinero que recibía del erario público y comprobar si su destino era el legalmente previsto.

En otro auto más, Alaya pide a la Junta la relación de todos los dirigentes y empleados de la Faffe, sus actas, presupuestos, contabilidad y las resoluciones de las ayudas recibidas, entre otros aspectos.La juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha decretado el secreto parcial del caso que instruye sobre las ayudas a la formación de la Junta de Andalucía ante la "gravedad"de las "bolsas de fraude"que ha detectado en los consorcios y "entramados empresariales"del sector.

El auto de la juez, al que ha tenido acceso Efe, justifica el secreto parcial durante un mes para que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil complete sus investigaciones y se eviten manipulaciones, pérdida o destrucción de indicios o fuentes de prueba.

La instructora explica que existen varias "bolsas de fraude", una de ellas relacionada con "entramados empresariales beneficiados"con "importantes"subvenciones, algunos de cuyos empresarios tenían relaciones con cargos de la Administración.

También detecta "fraudes en los Consorcios entre administraciones", que recibían subvenciones de la Consejería de Empleo a través del procedimiento de la concurrencia no competitiva, lo que planteaba dudas a la Cámara de Cuentas, recuerda Alaya.

Para llegar a estas conclusiones, la juez ha tenido en cuenta las declaraciones ante el juzgado y la Guardia Civil del testigo protegido Teodoro Montes, anterior responsable de formación ocupacional de la Junta, y las declaraciones en sede policial de funcionarios de la dirección general de Formación Profesional para el Empleo.

También ha usado la documentación de la dirección general y de la Intervención General sobre los expedientes de reintegros de ayudas a la formación concedidas así como el informe de la Cámara de Cuentas de mayo de 2014 que mencionaba presuntas irregularidades con las "importantes subvenciones"concedidas a empresas y fundaciones.

Entre ellas, la juez cita las ayudas otorgadas a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), ya desaparecida y sobre la que la juez preguntó a Montes si financiaba al PSOE, para "la supuesta formación de extrabajadores"de Delphi y su contratación.

El acuerdo para recolocar a estos trabajadores, firmado en 2007 entre la Junta y los sindicatos, incluía destinar a formación 35,9 millones de euros en siete subvenciones, en las que hay "importantes irregularidades", y para contratación se dieron ayudas de 70 millones a varias empresas, precisa la juez.

En la causa también existe un informe con presuntas irregularidades en la aplicación de los fondos de formación para subvencionar relaciones laborales simuladas entre extrabajadores de Delphi y las empresas beneficiarias.

Además, la juez cita un informe de la Cámara de Cuentas publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 25 de abril de 2013 en el que se pone de manifiesto que el procedimiento del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para conceder las ayudas a los consorcios "incumplía todas las condiciones y requisitos que contiene la fase de instrucción".

También ha tenido en cuenta que el director general de Formación nombrado en octubre de 2013, Carlos Cañavate, dijo en sede policial que cuando tomó posesión del cargo había 950 millones de euros sin justificar en subvenciones para acciones formativas.

Respecto a la Faffe, la juez recuerda que se creó en 2003 como fundación privada y con el titular de la Consejería de Empleo como presidente, y subraya que llegó a convertirse en un instrumento de la Administración y del SAE "de dimensiones extraordinarias", con miles de empleados que cobraban sueldos muy elevados respecto a los de otros departamentos públicos.

La FAFFE solo se financiaba con subvenciones del SAE y en ellas había "graves irregularidades"respecto a su justificación, como las de Delphi y otras dos nominativas en 2009 y 2010 por 49,8 millones de euros, apunta Alaya.

En otro auto, la juez pide la fecha de apertura, titularidad y personas autorizadas en las cuentas corrientes de la Faffe para hacer un estudio del flujo de dinero que recibía del erario público y comprobar si su destino era el legalmente previsto.

En otro auto más, Alaya pide a la Junta la relación de todos los dirigentes y empleados de la Faffe, sus actas, presupuestos, contabilidad y las resoluciones de las ayudas recibidas, entre otros aspectos.