Alaya envía a prisión a otro mediador de los ERE con 600.000 euros de fianza

José González Mata, administrador de Uniter, salió ayer al filo de las diez de la noche de los juzgados con destino a la cárcel de Sevilla I. La juez Mercedes Alaya le mandó a prisión tras atender parcialmente la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que había solicitado prisión provisional, comunicada y sin fianza alegando la posible destrucción de pruebas y el riesgo de fuga. El PP se sumó a esta petición, mientras que las acusaciones particulares que ejercen la Junta de Andalucía y UGT pidieron la comparecencia periódica del imputado en los juzgados, con la consecuente retirada del pasaporte.

La titular del juzgado de Instrucción 6 fijó una fianza para González Mata de 600.000 euros, la cantidad que en su día impuso la Audiencia Provincial de Sevilla –corrigiendo a la instructora– a Antonio Albarracín, director de Vitalia, la otra empresa intermediaria de los ERE. Precisamente éste último declara hoy de nuevo ante la juez.

En el auto de prisión, la magistrada le imputa la «utilización ilegítima de caudales públicos» que consistía en «provocar la concesión de las ayudas públicas a determinadas empresas que estuvieran interesadas en sus servicios que luego serían financiadas por la Junta de Andalucía, en influir y aprovecharse de la ausencia de licitación pública, y fundamentalmente en las comisiones que el hoy inculpado, como agente de seguros, pactaba con la Junta de Andalucía, muy por encima de la media del mercado, hasta el punto de que las aseguradoras como Vitalicio llegaron a exigirle la conformidad con la Junta».

Los sindicatos, una vez más, están en el punto de mira de la instructora, ya que señala que «en este ilícito uso de fondos públicos tendrían también una actuación decisiva, junto al inculpado, representantes de los sindicatos UGT y CC OO, tanto de contacto como de información previa sobre las empresas en crisis, de facilitación del proceso y de remuneración posterior, ya en este caso por parte de Uniter, o de la propia empresa».

La juez, en un primer Informe Provisional de la Dirección General de Seguros, eleva a 21,6 millones de euros las comisiones percibidas, «de los cuales más de la mitad, esto es, 13,3 serían comisiones superiores a la media del mercado».

En el auto, Alaya señala que «el destino que José González Mata habría dado al dinero obtenido con las sobrecomisiones sería el siguiente: una gran parte a su propio enriquecimiento personal» a través de su sociedad patrimonial Cureña.

«Otra parte de las mismas se destinaría coordinadamente con otros intervinientes al sostenimiento de la trama», apunta. Otra, «los abonados directamente por Uniter a los sindicatos»; y una tercera parte a «los pagos directos por orden del Director General Francisco Javier Guerrero».

Con este nuevo encarcelamiento, la juez de Instrucción número 6, Mercedes Alaya, ha enviado a un total de once imputados en la trama de los ERE a prisión, de los que, con González Mata, cinco continúan en la cárcel. Se trata de el «conseguidor» de los ERE Juan Lanzas; los ex directivos de Vitalia Eduardo Pascual y María Vaqué, y el presunto testaferro Eduardo Leal del Real.

Por su parte, Juan Pedro Cosano, abogado de González Mata, habló de «una fianza ilusoria» basada en «un concepto etéreo como el riesgo de fuga», más cuando el auto ratifica el embargo de las cuentas y la juez rechazó el pago en garantías hipotecarias o dar un plazo para reunir el dinero sin prisión. El letrado criticó los «intereses políticos» desde «Madrid» en relación a la petición de la Fiscalía y la decisión de la juez y señaló que dependen de «la caridad» para reunir los 600.000 euros.