Alaya procesa a Torrijos y a otras 14 personas por la venta de los terrenos

La juez que investiga la venta «fraudulenta» de los suelos de Mercasevilla, Mercedes Alaya, acaba de concluir la instrucción del caso, por lo que da diez días al fiscal y a la acusación particular para que presenten sus escritos de calificación contra los procesados, entre los que se encuentran Antonio Rodrigo Torrijos, ex primer teniente de alcalde y actual portavoz municipal de IU, y otras 14 personas. En concreto, la magistrada acusa a los altos cargos y funcionarios municipales procesados de haber hecho «un concurso a la medida» de la inmobiliaria Sanma y haber valorado las ofertas presentadas de modo que «beneficiaron ilegítimamente» a esta empresa, que ofertó 105 millones de euros frente a los 158 de su principal competidora, Noga.

En un auto dictado ayer, Alaya corrige su error, ya que en un principio transformó las diligencias previas en sumario cuando lo procedente, según advirtió la propia Fiscalía, era transformarlas en procedimiento abreviado dadas las penas que podrían ir aparejadas a los delitos investigados.

Junto a Torrijos, están imputados el ex concejal socialista Gonzalo Crespo, los sucesivos gerentes de Urbanismo Miguel Ángel Millán y Manuel Marchena y Domingo Enrique Castaño, asesor del ex alcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE) y también imputado en la «Operación Madeja». También los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce y los empresarios de Sando –matriz de Sanma– José Luis Sánchez Domínguez, Luis Sánchez Manzano y José Luis Miró. A todos Alaya les imputa los delitos de prevaricación, prevaricación contra la ordenación del territorio y falsedad cometida por funcionario público en documento mercantil. Salvo a Millán y a otra imputada, les acusa de asociación ilícita, ya que «se habrían organizado con cierta consistencia y jerarquía en torno a la figura de Castaño para realizar cada uno su ilícito».

El auto relata que, ante la situación económica «particularmente grave» de Mercasevilla en 2004, los acusados se pusieron en contacto con Sanma para ofrecerle la compra de sus terrenos, pues ante la inminencia de su traslado se generaba una «amplitud de negocio importante» derivada de la bolsa de terreno que dejaría y la operación de traslado y construcción de la nueva sede. Los acusados, primero, consiguieron que Sanma se hiciera con los derechos de superficie que tenía la empresa Larena y luego diseñaron un concurso «a la medida de Sanma» que contó con la oposición del secretario del Ayuntamiento, partidario de una licitación pública.

Este caso, junto al de las irregularidades de la Fundación DeSevilla, ha provocado el anuncio de dimisión de Torrijos, una decisión que hará efectiva cuando se debatan los Presupuestos locales.