Alaya se centra en una supuesta contabilidad B de Fitonovo para pagar sobornos

La juez Mercedes Alaya, dentro de la segunda fase de la «Operación Madeja», indaga una supuesta contabilidad B de la empresa Fitonovo donde ésta registraría las presuntas «mordidas» abonadas a cambio de ser favorecida en la concesión de determinados contratos públicos. Fuentes del caso informaron a Europa Press de que las investigaciones se centran en torno a un documento «excel» hallado en un ordenador de Fitonovo en el que aparecerían registrados una serie de pagos realizados por la empresa durante una década –desde 2003 hasta la actualidad– a una serie de personas que aparecen citadas con nombres o iniciales.

La orden de la juez de «pinchar» los teléfonos a varios funcionarios del Ayuntamiento de Sevilla desencadenó esta segunda fase de la operación, permitiendo acotar además el espacio temporal en el que se habrían realizado los sobornos. Precisamente, la magistrada sospecha que J. L. P. –ingeniero de caminos de la empresa Jardines y Riegos Al Andalus, que fue detenido el pasado lunes y que ayer compareció ante la juez– habría realizado un pago de 25.000 euros hace unas tres semanas al ex jefe de servicio de la Delegación de Parques y Jardines del Consistorio hispalense, Francisco Amores.

Tras su declaración, que se prolongó durante una hora, la instructora lo dejó en libertad sin fianza, imputado por un delito de cohecho, aunque con la obligación de comparecer en el juzgado cada 15 días.

La juez también tomó declaración a Amores, que negó haber recibido dicha cantidad. Además, habría sido acusado de haber recibido pagos periódicos de unos 500 euros por parte de Fitonovo. Por su parte, Francisco Huertas, jefe de mantenimiento del parque de María Luisa, se acogió a su derecho a no declarar. Al cierre de esta edición todavía no habían declarado José Antonio González, hijo del dueño de Fitonovo, ni Juan Andrés Bruguera, director comercial. Tampoco se habían decidido las medidas cautelares.

Dentro de la operación, los agentes de la UCO de la Guardia Civil imputaron el lunes a un tercer funcionario municipal y al director del área de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Joaquín Peña, que fue destituido de manera fulminante por el alcalde, Juan Ignacio Zoido.

Precisamente, el regidor volvió a asegurar que el Ayuntamiento sigue adelante con su propia investigación interna para analizar todos los contratos adjudicados a Fitonovo. El equipo de Zoido trabaja ya para designar a «la persona idónea» como nuevo director del área de Medio Ambiente, Parques y Jardines, extremo que será resuelto «en los próximos días». Sobre el papel de Fitonovo en el contrato de 47,9 millones de euros adjudicado en agosto de 2012 por el Ayuntamiento para la conservación y mantenimiento del arbolado y las zonas verdes de la ciudad, puesto que la empresa participa de una UTE adjudicataria del lote número tres de dicho contrato por 10,4 millones de euros, el alcalde y su concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez, explicaron que la empresa participa de la adjudicación de «dos sectores» de dicho contrato.

En ese sentido, Zoido defendió los «trámites» administrativos y técnicos seguidos para la adjudicación de dicho contrato dividido en seis lotes, pues ya entonces la idea era «que hubiera absoluta y total transparencia» y que resultasen adjudicatarias «aquellas ofertas que resultasen mejores en calidad, cuantía y garantía de prestación del servicio». Se trató de una serie de adjudicaciones, según el alcalde, con su respectiva propuesta de resolución y la respectiva aprobación de la mesa de contratación.