Andalucía no está a la cabeza en el número de informaciones que deben ser transparentes

La transparencia se ha convertido en los últimos tiempos, al menos en teoría, en una de las llamas sagradas de la gestión pública. Desde la Junta se ha asegurado a menudo que la comunidad se encuentra a la cabeza en ese aspecto en relación al conjunto del país. Pero del informe «Metodología de evaluación y seguimiento de la transparencia de la actividad pública», resultado de la colaboración entre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y de la ex Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (Aeval) –que estaba adscrita al Ministerio de Hacienda pero se disolvió en 2017 al crearse un instituto–, se desprende que no en todo, al menos cuantitativamente.

En dicho documento de 2016, consultado por LA RAZÓN, se recoge una gráfica relativa al número total de informaciones de publicidad activa, el contenido sujeto a las obligaciones de difusión proactiva, y su distribución porcentual por categorías, según las leyes de transparencia estatal y autonómicas. En él se incluye a las once regiones que contaban con normas propias sobre esta materia y de acuerdo al mismo, es Galicia la comunidad «con mayor exigencia en número, con 139», además de ser la pionera en contar con la Ley 4/2006, de 30 de julio, de transparencia y buenas prácticas en la administración pública. Le sigue Aragón, con 138, y a ésta Canarias, con 131. Andalucía es la cuarta por la cola, con 103, lo que supone 36 menos que Galicia, aunque se encuentra por delante de Extremadura, con 93; La Rioja, con 79; y Castilla León, con 76. Éstas son las que más se acercan al mínimo que marca la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (Ltaibg) que son 60 informaciones.

En cuanto a la distribución de los datos en ámbitos de actuación pública o categorías, la ley estatal y las autonómicas «determinan la mayor exigencia en la publicidad de la actividad económica-presupuestaria-estadística», que acapara un porcentaje superior al 50% en todas las leyes regionales salvo en el caso de Aragón. La comunidad andaluza anota un 51,5. La segunda categoría en importancia, según el porcentaje de informaciones relacionadas susceptibles de publicarse, es institucional-organizativa-planificadora. A la luz de lo reflejado en el informe, este bloque «tiene un mayor peso en la mayoría de las comunidades que en la ley nacional». En lo relativo a Andalucía llega a representar un tercio, el 33%, del total de sus elementos de publicidad activa, frente al 20% de la Ltaibg. Es el dato más alto de los once territorios incluidos en el análisis.