«Andalucía no puede permitirse otro caso Boliden»

Ecologistas ha pedido al juzgado, y se lo solicita también a la Junta, la paralización de los trámites de la mina de Aznalcóllar «hasta que se aclare» si se cometieron o no delitos en la adjudicación del yacimiento

Hay palabras que guardan dentro rugidos pasados. Aználcollar es una de ellas para los miembros de Ecologistas en Acción. La organización «verde» está a la espera de lo que el juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, el que investiga la adjudicación a Grupo México/Minorbis de la mina de ese municipio, decida sobre la suspensión de los procedimientos administrativos que en la actualidad se tramitan en la delegación territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible hilvanados al yacimiento. Los conservacionistas han pedido a la instructora que ordene su paralización al entender que, «de continuar adelante» dichas tramitaciones, «podrían derivarse importantes responsabilidades patrimoniales para la Junta de Andalucía en un proyecto con indudables afecciones ambientales, al cuestionarse que sea Minera Los Frailes SL adjudicataria de algún derecho de aprovechamiento minero». Esta empresa está participada por Grupo México y por Minorbis y es la que realiza trabajos en el yacimiento aunque no participó en el concurso público en el que lo asignaron. Mientras esperan que el órgano judicial, que ya ha dado traslado a la Fiscalía y al resto de partes de su demanda, se pronuncie, advierten de que «Andalucía no puede permitirse otro caso Boliden».

Fuentes de Ecologistas en Acción argumentan que «es de sentido común la suspensión de las tramitaciones ambientales existentes hasta que se aclaren las circunstancias legales y la posible comisión de delitos que ha establecido la jueza en su último auto, tras el reinicio de las investigaciones resuelto por la Audiencia Provincial». A esto suman «la supremacía del derecho penal sobre el administrativo» que «prevé la suspensión de estos trámites ambientales».

A juicio de esta organización, resultaría «nefasto para la seguridad jurídica» que el Gobierno autonómico «otorgara permisos ambientales a una empresa, Minera Los Frailes, que en sus solicitudes se presenta ante la Administración como titular de una concesión minera que ni siquiera existe todavía, porque precisamente se está tramitando» en estos momentos. «Teniendo en cuenta además –añaden las mismas fuentes– que ni Minera Los Frailes ni Grupo México, propietario de la primera en un 97,31%, se presentaron al concurso internacional, sino que lo hizo Minorbis, que sólo la participa en un escaso 2,69%, lo que a todas luces representa un intento de fraude de ley», rematan. Desde Ecologistas recuerdan que «la existencia de sociedades interpuestas y superpuestas, españolas y suecas» permitió a Boliden «huir de todas las responsabilidades después del desastre de 1998», o «el reciente caso Castor, en Tarragona». Episodios pasados que aconsejan «usar el principio de cautela antes de otorgar autorizaciones ambientales y sustantivas que finalmente redunden en responsabilidades patrimoniales de las administraciones públicas».