Delito fiscal
Anticorrupción defiende la «pulcra» instrucción del «caso Goldfinger»
El Ministerio Público se niega a revisar la laborde investigación del juzgado y mantiene los delitos vinculados a la Hacienda Pública
La Fiscalía Anticorrupción defendió ayer que la instrucción del «caso Goldfinger» ha sido «pulcra y exquisita», en respuesta a las cuestiones previas planteadas por las defensas de los acusados. La fiscal de caso rechazó así las nulidades por vulneración de derechos fundamentales solicitadas por los abogados de los procesados en una causa que investiga una operación urbanística vinculada a una parcela de la localidad costasoleña de Marbella sobre la que se asienta el chalet del actor escocés Sean Connery.
Así, la representante del Ministerio Público se opuso a los argumentos con los que las defensas cuestionaron la investigación desde sus inicios y la forma utilizada para obtener pruebas, además de alegar la prescripción de delitos vinculados con la Hacienda Pública.
Es por ello por lo que consideró que en el actual momento procesal de cuestiones previas no ha lugar revisar toda la labor del juzgado que se encargó de la instrucción del caso y criticó que las defensas quieran «quitar de un plumazo una instrucción».
La vista oral se celebra en la sección octava de la Audiencia de Málaga y continuará el próximo lunes con la respuesta del Abogado del Estado a las alegaciones presentadas por las defensas de los 18 acusados. Además, la Sala tendrá que resolver sobre estas cuestiones planteadas.
Este procedimiento se llevó en el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella y la fiscalía acusa por los delitos de fraude, contra la ordenación del territorio, contra la Hacienda Pública, cohecho y falsedad documental. Entre los 18 procesados están, además de Roca, el ex alcalde marbellí Julián Muñoz, quien ya admitió los hechos y pidió perdón por los mismos durante la primera sesión del juicio.
Este procedimiento tuvo su origen en una querella de la Fiscalía Anticorrupción tras un informe del Tribunal de Cuentas. En sus inicios, se investigó sólo los convenios del Ayuntamiento con las sociedades Malibú S. A. –propietaria del chalé de los Connery– y By the Sea –que tenía las fincas colindantes–.
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