Anticorrupción pide 226 años de cárcel para el ex alcalde socialista de Alcaucín

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito de acusación contra 49 imputados en el «caso Arcos», que destapó una trama de corrupción en torno al Ayuntamiento de la localidad malagueña de Alcaucín, y pide prisión para el ex alcalde socialista José Manuel Martín Alba, actual concejal independiente.

La acusación va dirigida contra 27 empresarios vinculados al sector de la construcción, el ex alcalde y dos familiares, seis funcionarios municipales y de la Diputación Provincial de Málaga, siete arquitectos, cuatro intermediarios y dos abogados o asesores urbanísticos. Anticorrupción ha solicitado más de 226 años de prisión para Martín Alba y otros 111 para el que fuera jefe adjunto de Arquitectura de la Diputación de Málaga, José Francisco Mora. Acusa al ex alcalde de los delitos de fraude, malversación, falsedad, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad en documento oficial y tráfico de influencias. Además, le reclama 700 años de inhabilitación para empleo o cargo público.

El Ministerio Público solicita la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial contra los imputados después de que la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Vélez Málaga procesara a un total de 51 personas en este caso, entre ellas al edil ahora independiente.

Según la Fiscalía, en el escrito presentado, que cuenta con más de 270 folios, se describen hechos acaecidos entre 1999 y 2010 que se califican como 90 delitos de falsedad ideológica cometidos por autoridad o funcionario en documentos oficiales, 19 delitos de falsedad en documento oficial cometidos por particulares; y 10 delitos de falsedad por imprudencia grave. Asimismo, se califican 62 delitos de prevaricación o prevaricación urbanística atribuidos al ex alcalde por presuntamente autorizar «arbitrariamente parcelaciones o construcciones contrarias a la normativa, prescindiendo casi siempre de los preceptivos informes técnicos»; siete delitos de prevaricación urbanística por informes de arquitectos municipales o provinciales contrarios a la norma; y 22 delitos contra la ordenación del territorio por construcciones ilegales.

En uno de los registros practicado por la Guardia Civil en el marco de esta operación los agentes hallaron en la vivienda de Martín Alba 160.000 euros en efectivo debajo de un colchón de una de las camas del inmueble.

El entonces regidor justificó al respecto que el montante económico descubierto eran «los ahorros de toda una vida». En total junto al resto de registros los efectivos de la Benemérita se inacutaron de más de 250.000 euros.