Avisan a Díaz de que en Aznalcóllar se opera al margen de la legalidad

Ecologistas denuncia que no se ha dado un permiso de investigación que ampare la actividad de la mina

Exige a la presidenta de la Junta que intervenga «de inmediato» para paralizar los trabajos

A Ecologistas en Acción la documentación que les han facilitado ahora en torno a la mina de Aznalcóllar, y que llevaban solicitando en vía administrativa desde diciembre de 2015, no les basta para afirmar que todo «se está haciendo conforme a la legalidad». Más bien apunta a lo contrario. La organización está personada en la causa en la que el juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla disecciona la adjudicación del yacimiento a Minorbis-Grupo México, por lo que se les han entregado documentos del sumario. Los han analizado y han concluido que «no existe ninguna resolución de otorgamiento de permiso de investigación en la zona a la empresa minera Los Frailes –que es la que opera en realidad en Aznalcóllar–». O dicho de otra forma: «Los trabajos de investigación que se realizan, previos a la explotación del yacimiento, no están amparados en ningún título de derecho minero y, por tanto, se llevan a cabo al margen de la legalidad», explican a LA RAZÓN fuentes de la entidad ambientalista, desatascado el apagón informativo gracias al juzgado.

La organización verde le ha remitido una carta a la presidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz, en la que le ha trasladado que las labores mineras que se desarrollan en el recinto de Aznalcóllar lo hacen «en base, exclusivamente, a la Resolución del concurso minero a Minorbis-Grupo México» que se aceleró en marzo de 2015, a su juicio, «por intereses electoralistas» del Gobierno andaluz. Pero ese documento, le han advertido a Díaz, «no ampara» las tareas de investigación, sólo «da preferencia para que una empresa, o grupo, solicite y tramite los permisos correspondientes». Unas licencias que, insisten los conservacionistas, «no ha pedido nadie».

Con el plano del laberinto documental que rodea a Aznalcóllar ya en la cabeza, aseguran que «lo único que se ha tramitado es una autorización de junio de 2016 para un plan de restauración de un permiso de investigación que legalmente no existe», recalcan. Unas labores, matizan, que en cualquier caso «tenían una duración fijada de ocho meses desde que la empresa ingresó un ridículo aval de 6.778,96 euros», por lo que, entienden que «ya está vencida». Llegados a este punto, para Ecologistas, más allá de cuestionar el «traspaso» de la asignación de Aznalcóllar desde Minorbis a minera Los Frailes, pasando por el Grupo México; lo «determinante» es que ninguna de esas entidades contaría con el permiso necesario para maniobrar en el yacimiento. ¿Por qué consideran esta cuestión relevante? Lo apunta Antonio Ramos, miembro del secretariado de Minas de Ecologistas: «La empresa que trabaja indebidamente en la zona no se responsabiliza de los pasivos ambientales, con lo que si ocurre algún otro episodio de contaminación como el desastre de 1998 –cuando se rompió una balsa de residuos y acabaron en el cauce del río Guadiamar más de 6 millones de metros cúbicos de lodos y aguas tóxicas–, se desentenderá de él», avisa. Desde esa convicción han pedido a la presidenta del Ejecutivo regional «su intervención inmediata» para «paralizar toda la actividad minera que se pueda estar dando». De no hacerlo, y según Ramos, su organización, se reserva el derecho de «emprender las acciones legales que considere oportunas» porque «la situación es intolerable y la Junta tiene que empezar a actuar de otra manera», zanja. De hecho, Ecologistas también está personada en el proceso que por delito ambiental arma el juzgado Mixto número 3 de Sanlúcar la Mayor.