Balance de 50 días: ronda de presentaciones y asuntos pendientes

Susana Díaz ha promulgado dos normas como presidenta: la antidesahucios de IU y una subvención para los partidos políticos

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«Quiero ser la candidata a la presidencia porque soy rebelde». Desde ese día de julio en el que Susana Díaz arrancaba la campaña de las primarias exprés socialistas sólo le han llovido loas a las muchas iniciativas que ha verbalizado. Cada gesto suyo ha sido recibido con alharacas propias y respeto ajeno. Pero, ¿esa ambición se ha reflejado en iniciativas palpables?

La tradición dicta que hay que otorgar al recién llegado cien días de acomodo. Cuando el relevo se produce por un capricho personal y partidista, las exigencias crecen. La huida de José Antonio Griñán dejó a su sucesora con 18 meses de legislatura consumidos y sin margen de error. La presidenta andaluza ha cumplido la mitad de ese tiempo con dos medidas consolidadas que permiten valorar objetivamente su trayectoria en los 51 días transcurridos desde su investidura: la Ley de Función Social de la Vivienda y la de Crédito Extraordinario para sufragar las subvenciones a las formaciones políticas por las pasadas elecciones andaluzas.

La primera, impulsada desde la Consejería de Fomento y Vivienda, lleva el sello de IU. Aprobada el pasado día 1, su desarrollo con rango de ley estaba previsto desde mayo, por lo que sería achacable al anterior Gobierno. Aún así, la firma que la alumbró es la de Susana Díaz y ella se permitió anunciar la primera de las expropiaciones temporales a un banco para evitar el desahucio de una familia de Huelva. El miércoles se anunciaba la apertura de cuatro nuevos expedientes en Almería y Granada.

El segundo cambio normativo con la rúbrica de la presidenta no ha tenido tanta repercusión. O no se le ha querido dar, teniendo en cuenta su naturaleza de autocomplacencia. El mismo 1 de octubre autorizaba, por ley, el pago de las subvenciones a los partidos políticos por los gastos electorales del 25 de marzo de 2012. En total, 10,6 millones de euros para los que se articuló un crédito extraordinario, dado que, según reza el texto, se abonó un anticipo del 90% por vía extrapresupuestaria. El pago se refleja a través de la Consejería de Justicia e Interior, con cargo al programa 22B «Interior, Emergencias y Protección Civil», en el concepto «Subvenciones a formaciones políticas».

En un camino que podría definirse como corto si se enmarca en una legislatura, ha dado tiempo también a confirmar los peores augurios de los funcionarios: tampoco verán en el próximo año los complementos de sus pagas extra –equivalentes a una íntegra–. La intención de la Junta se conoció el pasado martes a través de una filtración del anteproyecto de los Presupuestos de 2014, cuya presentación será el jueves. Díaz había asegurado que los trabajadores públicos no continuarían perdiendo poder adquisitivo: con el sueldo congelado desde 2010, han sido objetivo predilecto del Gobierno andaluz a la hora de recortar. A la paga extraordinaria perdida, se suma el aumento a 37,5 horas de la jornada laboral y una reducción salarial del 5 por ciento, esto por cuenta del Ejecutivo central. El guiño a los docentes interinos, con los que la anterior consejera de Educación se comprometió a reincorporar a los 4.502 despedidos en 2012, quedó en eso. Con los colectivos afectados de nuevo en pie de guerra, la presidenta tiene margen para restablecer su crédito y es probable que haga un anuncio en ese sentido tras el Consejo de Gobierno del martes.

Huyendo de los ERE fraudulentos, la propuesta de un Pacto Anticorrupción centró su discurso de investidura. La recuperación de 25.000 euros cobrados indebidamente por UGT fue anunciada como una «bomba» en el último Pleno. Quería dar validez a sus palabras y nada mejor que un gesto contundente contra los «intocables» sindicatos tras conocerse que había costeado con parte de ellos una cena en la Feria de Abril de Sevilla.

Sin embargo, no ha cesado el acoso y derribo a la juez que instruye el «caso ERE». La decisión de mantener como consejero de Justicia en Interior a Emilio de Llera –el único que no ha cambiado de cartera, exceptuando a los del socio de gobierno– evidencia que Díaz no sólo permite sino que bendice las injerencias en la Justicia. En cuanto al dinero defraudado, el reembolso conseguido o en trámite sería de cinco millones de los 140 estimados por la Junta –1.400 en los cálculos del PP–.

Hacia la paz social(ista)

Posicionamiento interno

La primera gran decisión de Susana Díaz fue formar Gobierno. Como se esperaba, dejó aparcada la renovación con una elección de consejeros a mitad de camino entre la veteranía y las «cuotas de partido». Así pagaba los masivos apoyos de las agrupaciones capitalinas. La operación del «susanismo» culminará a finales de noviembre cuando obtenga los mayores galones del PSOE andaluz. Entonces estará dotada de herramientas para imponerse más allá de Andalucía. Alfredo Pérez Rubalcaba ya ha escuchado la primera petición: que se abra un proceso de primarias «de verdad».

Los ERE en «su» PSOE

El mayor caso de corrupción política en España es una pesada carga. Centenares de imputados, fianzas millonarias a ex altos cargos del Gobierno andaluz y una instrucción judicial que ronda los tres años impiden el punto y final político que pretende darle Díaz. Sus intentos por alejarse de cualquier señalado en el fraude chocan con el hecho de que el PSOE de Sevilla, que dirige desde 2010, sea el más «tocado» en la causa. Un gesto evidente –y seguramente consensuado– fue no acudir al nombramiento de Griñán como senador el mismo día que tenía cita con el Rey.